A pesar de contar con una ley nacional específica para esta problemática, los mecanismos dispuestos son mal aplicados o directamente no existen. Mientras tanto, las complicaciones se agudizan. “En la semana que estuve de guardia en la feria judicial, tuve más causas vinculadas a la salud mental que a la violencia. Nunca había pasado”, aseguró María Julia Gigaglia, titular de la Defensoría N° 1 San Nicolás, tematizada en salud mental.
Nicolás Fenley
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Semanas atrás, la figura de Alejandro Molina -tildado como el “exhibicionista”- revolucionó a los vecinos nicoleños. Sucede que este hombre fue registrado protagonizando varios delitos en diferentes partes de la ciudad, tales como disturbios en la vía pública -por el cual resultó detenido- y exhibiciones obscenas frente a menores de edad. No obstante, tras ser aprehendido y puesto a disposición del Poder Judicial, las autoridades dieron cuenta de que se trata de una persona con aparentes trastornos psicológicos. Un factor que cambia el abordaje del caso.
En este contexto, las incógnitas que surgen respecto a la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y el protocolo del Ministerio de Salud bonaerense, son innumerables. ¿Se debe tratar o penalizar este tipo de acciones?, ¿qué sucede con aquellos pacientes que deben ser internados y no tienen lugar?, ¿realmente se aborda esta problemática? Muchas preguntas para una legislación amplia pero carente de herramientas efectivas.
“No quedaba otra”
Aunque en la actualidad el bienestar mental y las complicaciones psiquiátricas dejaron de ser un tabú, su preponderancia en los ámbitos tribunalicios o en la agenda política no surge de una cuestión puramente empática. La preocupación aparece por el crecimiento de la problemática. “No es un tema prioritario. La salud mental comenzó a ganar preponderancia a partir de la cantidad de causas”, explicó la Dra. María Julia Gigaglia, titular de la Defensoría Oficial N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás, en diálogo con EL NORTE. “A nivel institucional no quedaba otra que abordar la problemática porque se agudizó, principalmente después de la pandemia”, agregó la letrada que conduce el organismo tematizado en salud mental.
Prueba de la multiplicación de casos es lo ocurrido en el último receso de la actividad judicial. “Durante la semana que me tocó estar de guardia en la feria judicial tuve más causas vinculadas a la salud mental que a violencia. Nunca había pasado”, aseveró. “En las localidades, a nivel jurisdiccional, no trabajan completamente la problemática de salud mental”, expresó Gigaglia y agregó: “Los mecanismos están dispuestos, pero no existen”.
En otra arista, consultada respecto a cómo cambió el paradigma respecto a esta temática, la abogada destacó que “depende del compromiso que tenga cada uno”. “En la Justicia no debería pasar, a nosotros nos obligan a capacitarnos en discapacidad. Si el resto de Tribunales no fuese empático conmigo, sería todo más difícil. Es cuestión de sentido común, tener empatía y hacer los cursos a conciencia”, subrayó.
Una cadena muy extensa
Entre las características que contempla el abordaje de esta temática, una muy importante es la interacción entre profesionales. “Para ser correctamente tratada, la problemática de salud mental requiere interdisciplina y articulación. No creo que la ley sea mala, pero para que se cumpla tiene que haber herramientas, recursos económicos e intencionalidad de trabajar la problemática como algo importante”, manifestó Gigaglia, y agregó: “Si cada uno cumple con su parte, no es fácil, pero es más simple”.
En lo que respecta a nuestra localidad, hay dos fallas en la cadena: las dificultades en el traslado de pacientes y la escasez de instituciones para la recepción de los mismos. “La primera dificultad que surge en San Nicolás es el servicio de ambulancia del SAME, ya que refiere que no trasladan pacientes psiquiátricos. No sucede en las otras jurisdicciones”, sostuvo la letrada y añadió: “Hablás con las familias y te dicen que el SAME les respondió que tienen orden de no trasladar pacientes psiquiátricos”. “Si lográs que vayan te dicen que si la persona no tiene la voluntad de ser trasladada, no la pueden subir a la ambulancia. Claramente esa persona no tiene voluntad, dado que puede estar viciada por una descompensación o bajo efecto de estupefacientes”, afirmó.
A todo esto, hay que agregarle que en la ciudad existen solamente dos organismos con capacidades de internación y ningún dispositivo de amparo. En concreto, aquí funcionan el Hospital San Felipe y la Clínica Santa Isabel como centros de salud capacitados para evaluar e internar -en caso de ser necesario- a una persona con tratamiento psiquiátrico o consumo problemático. Si bien el efector público no puede rechazar a un paciente, el privado tiene mayores limitaciones. “La clínica privada no está especializada en el consumo problemático, lo que genera más dificultades porque la persona necesita de la internación, pero no se trata del dispositivo adecuado”, analizó. Empero, la titular de la Defensoría N° 1 sostuvo: “La internación es el último escalón, deberías estar unos días y después ser derivado a un dispositivo intermedio o recibir el alta”.
En ese punto surge un nuevo escollo, la falta de hogares de amparo estatales o privados con las habilitaciones correspondientes. “Pasada la etapa aguda, pueden requerir un tratamiento, pero sin internación. Ahí es cuando deben pasar a otro dispositivo, aunque en algunos casos no pueden volver a la familia porque el problema suele ocasionarse en ese ámbito”, resaltó, y sumó: “La realidad es que en San Nicolás no existen hogares convivenciales con asistencia las 24 horas, es decir, un lugar donde vivir y que cuente con la presencia de profesionales de la salud. No hay punto medio, entonces las personas sin recursos, pero que necesitan esa etapa intermedia, terminan volviendo a la casa porque no les queda otra”.
Delitos
Un tema no menor vinculado a la salud mental es el abordaje desde el punto de vista penal. Tal como se menciona al principio, el caso del exhibicionista puso la lupa sobre esto. “¿Cometió un delito o realizó conductas que están penalmente tipificadas como ‘no buenas’ en el marco de su enfermedad?”, pregunta la Dra. Gigaglia. Ante esta incógnita, la abogada resaltó que para la ley “no son punibles penalmente”, dado que no comprenden la criminalidad de sus actos. “Al no tener una ingesta controlada de la medicación, las personas descompensadas pierden conciencia de lo que hacen. Va a ser detenidos, pero cuando se pruebe que no es punible sale nuevamente a la calle. Para ese momento ya generó un daño a la sociedad, no recibe un castigo y vuelve a la Defensoría con el mismo problema”, aseguró.
“En consecuencia, no lo podes condenar, lo debés tratar. Si el abordaje de la salud mental funcionara, podría haber menos delito en la ciudad. Cuando revisás quiénes son asistidos por la Defensoría Tematizada en Salud Mental y quiénes por la Defensoría Penal, terminan siendo las mismos en varios casos. Para castigarte es rápido el proceso, la cárcel no pide admisión. Las trabas aparecen cuando querés recibir tratamiento, es paradójico”, detalló, y sentenció: “Con buena voluntad solamente no hacemos nada. Cuando tenés un problema de salud mental te deberían tratar, no penalizar”.