Mientras Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola esperan que la Cámara de Casación resuelva la apelación a la elevación a juicio de la causa, la defensa de los seis exempleados que serán juzgados en el mismo debate recurrió a la Corte provincial ante el rechazo a su presentación. Recién cuando ambos estamentos resuelvan se determinará la fecha de juicio.
De la redacción de EL NORTE
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Tanto la defensa de los líderes sindicales Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola como la de los seis exempleados de la firma Rey Distribución recurrieron, en diferentes presentaciones y con distinta suerte, la elevación a juicio de la causa que se les sigue por coacción y extorsión. En el caso de los gremialistas el recurso fue admitido por la Cámara de Casación y espera resolución. En cambio, la presentación de la defensa de los empleados fue rechazada. Ante esta última decisión, el abogado Gabriel Ruiz, en nombre de sus representados, acudió en apelación a la Suprema Corte provincial (recurso que aún no fue admitido).
Ambas presentaciones están pendientes de decisión, por lo que la fecha del enjuiciamiento para todos ellos, ya que se realizará de manera conjunta en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, se encuentra nuevamente demorada. Mientras tanto Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola están bajo prisión preventiva cumpliendo arresto domiciliario por cuestiones de salud. Están acusados de ser coautores de los delitos de turbación de la posesión, dos hechos; coacción en grado de tentativa, dos hechos; extorsión, dos hechos, y extorsión en grado de tentativa, todo en concurso real. Respecto de los seis exempleados Carlos Julián Ojeda, Marías Agustín Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez y Lucas Torres, la Justicia dispuso que permanezcan en libertad sujetos al proceso imputados de turbación de la posesión, dos hechos, y coacción en grado de tentativa, dos hechos.
La causa se había iniciado por una denuncia presentada por los propietarios de la firma sampedrina Rey Distribución ante el bloqueo de su establecimiento por parte de los sindicalistas en enero de 2021. Tras varias idas y vueltas en el proceso y numerosas apelaciones, los hechos fueron elevados a juicio por la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui y la tarea recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1. Restaba solo establecer la fecha del debate cuando la defensa presentó un nuevo recurso ante Casación Penal Provincial cuya Sala V decidió anular la elevación a juicio. Nuevamente se pidió el enjuiciamiento, fue otorgado y otra vez apelado. En el caso de Espíndola y Cabaleyro deberá resolver Casación, y en el de los exempleados, la Suprema Corte de la Provincia.
Los hechos
Conforme a la acusación, uno de los hechos por los que están presos Cabaleyro y Espíndola ocurrió el 15 de febrero de 2022, cuando bloquearon la entrada y salida de vehículos de la firma ubicada en San Pedro, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial. Una semana más tarde, antes de que amaneciera, Cabaleyro y Espíndola colocaron un colectivo motorhome del sindicato frente al portón de ingreso del estacionamiento. Ese bloqueo duró desde el 22 al 26 de febrero de 2022. Según las declaraciones testimoniales, en cuanto Cabaleyro se enteró de que la empresa tenía otro depósito, desde el cual hizo entregas de alimentos a comedores y escuelas mientras estaba bloqueada la planta, se dirigió en una camioneta Wolkswagen Amarok con empleados de la distribuidora Rey para prender fuego gomas y bloquear la salida de ese otro depósito. El gremio alegó en ese momento que la empresa adeudaba dinero al sindicato por el pago de aportes y cuotas sindicales. Esa supuesta deuda, sin embargo, no pudo ser probada por la Justicia, que requirió información a la AFIP, al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la cartera de Trabajo bonaerense.
Según la denuncia, como resultado de los aprietes por no bloquear las plantas Cabaleyro y Espíndola habrían recibido en nombre del sindicato dinero en dos cuotas. La primera entrega, de 203.838 pesos, se hizo en efectivo en una caja de galletitas Chocolinas y un cheque por la suma de 102.999 pesos. El restante se pagó en dos cheques por 355.583 pesos cada uno. Es por haber cobrado ese dinero que se les imputó a los dos detenidos el delito de extorsión. En el expediente se encuentra un registro audiovisual aportado por los denunciantes que muestra a miembros de la familia Rey juntando y guardando los montos de dinero para pagarle al sindicato.
La investigación quedó a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI Nº 7 de San Pedro, quien acusó a los gremialistas por los delitos mencionados cuya pena en expectativa oscila entre los 5 y 25 años de prisión, de cumplimiento efectivo.
