La ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana, encabezó días atrás la promulgación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres en razón de su género, iniciativa que se tramitó durante siete años en el Congreso Nacional y que regula mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y acceso a la Justicia para las víctimas. Un día antes, el Gobierno argentino de Javier Milei anunciaba el cierre del desjerarquizado ex Ministerio de la Mujer.
“Esta fue la primera urgencia legislativa que anunciamos como gobierno, antes de asumir incluso, el 8 de marzo de 2022. Requirió el trabajo de comisiones unidas en el Senado y una larga discusión artículo por artículo”, dijo la funcionaria desde el Museo de la Educación Gabriela Mistral, ubicado en el centro de Santiago.
“Entre otras muchas cosas, crea y define distintos tipos de violencia que la sociedad ha avanzado en identificar, mejora el seguimiento, control y dictación de medidas cautelares”, agregó.
Beneficio para la familia
Orellana afirmó que “(la ley) incorpora a los niños y niñas víctimas de pleno derecho, no solo como testigos de la violencia que sufren sus madres y cuidadoras principales, sino también reconociéndolos con toda la evidencia científica disponible como personas de pleno derecho a las que también afecta esta situación. Esto permitirá que se tomen mejores medidas de alejamiento, que no se crucen los procedimientos de familia con los procedimientos penales vinculados a la seguridad y que como sociedad nos demos la oportunidad de romper con el ciclo de la violencia generación a generación”.
La iniciativa, presentada durante su segundo gobierno por la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018) y la entonces ministra Claudia Pascual -hoy senadora-, se promulga 30 años después de la entrada en vigencia de la primera ley sobre violencia doméstica de 1994 en el marco de la Convención de Belém do Pará, suscrita y ratificada por Chile en el mismo año.
Entre otras medidas, el nuevo cuerpo legal fortalece las medidas cautelares y establece mecanismos de supervisión judicial para garantizar su adecuado cumplimiento, además de ampliarlas a delitos de violencia de género y agresiones que ocurran fuera de las relaciones filiales, afectivas o de convivencia. En adelante, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género trabajarán en la implementación efectiva de la ley en conjunto con la Justicia del país sudamericano, el Ministerio Público y las fuerzas policiales.
