La causa que involucra a quien comandaba el sindicato de Camioneros en San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, quedó en stand by. Será hasta tanto la Cámara de Apelaciones resuelva el recurso de apelación de la elevación a juicio.
De la Redacción de El Norte
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La causa que inició en 2021 con una denuncia por parte de la distribuidora de San Pedro Rey a quien comandaba el sindicato de Camionero en San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, quedó en stand by. Será hasta tanto la Cámara de Apelaciones resuelva el recurso de apelación de la elevación a juicio. Es el motivo por el cual no hay fecha fijada.
En concreto, Cabaleyro está con prisión domiciliaria desde junio del año pasado. Se encuentra procesado por los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa, extorsión y extorsión en grado de tentativa, todo en concurso real.
“Ahora hay que esperar la Cámara de Apelaciones resuelva el recurso de apelación de elevación a juicio. Quedó con la elevación a juicio digamos, está en stand by. Esto es porque la resolución de la elevación a juicio fue apelada a la Cámara, se volvió a conformar y está a la espera. Novedades habrá cuando se resuelva el recurso de apelación”, confió una alta fuente judicial a EL NORTE.
Cabe recordar que ya se había sorteado el Tribunal que estaría a cargo del debate oral y público. El expediente había caído en el Tribunal en lo Criminal Nº 1, presidido por el juez Cristian Eduardo Ramos. Incluso, los imputados habían desestimado ser juzgados por un jurado popular, por lo que se conformaría un jurado técnico para emitir sentencia.
Las acusaciones
La fiscal María del Valle Viviani, a cargo de la investigación, consideró en su acusación que “hay elementos de convicción suficientes e indicios vehementes de co autoría por los delitos de Turbación de la Posesión, dos hechos; Coacción en grado de tentativa, dos hechos; Extorsión, dos hechos y Extorsión en grado de Tentativa, todo en concurso real, respecto de Fernando José Espíndola y de Maximiliano Emanuel Cabaleyro. Para los demás imputados los delitos llevados a juzgamiento son Turbación de la Posesión, dos hechos y Coacción en Grado de Tentativa, dos hechos, en concurso real en relación a Carlos Julián Ojeda, Matías Agustín Torres, Edgardo Dimayo, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez y Lucas José Torres”.
El primero de los hechos habría ocurrido el 15 de enero de 2021 cuando, conforme a la acusación, Cabaleyro y Espíndola se presentaron en la sede de la Distribuidora Rey de San Pedro y de forma intimidatoria, violenta y amenazante se colocaron en la entrada y salida de vehículos de la firma impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial, ocasionando un grave perjuicio patrimonial, como forma de presión para lograr que se acepten los reclamos laborales planteados por el sindicato.
El segundo hecho que será debatido, habría ocurrido a partir de las 5 de la mañana del día 22 de febrero de 2021 cuando los imputados colocaron un motor home perteneciente a la Asociación del Sindicato impidiendo nuevamente la entrada y salida de vehículos. La situación se habría extendido hasta el día 26 de ese mismo mes y habría estado motivada en reclamos laborales como necesidad de infraestructura, seguridad y levantamiento de una sanción impuesta a un empleado. El tercer hecho en cuestión, abarca un período comprendido entre el año 2017 y el 22 de febrero de 2021. La imputación refiere que Cabaleyro y Espíndola personalmente y con la colaboración de personas que actuaban bajo sus órdenes, ideando un plan común, llevaron a cabo actos reiterados de extorsión contra Gustavo y Sergio Rey con el fin de obligarlos a entregar dinero para no paralizar la actividad de la empresa. Otro de los hechos habría ocurrido entre los días 22 y 26 de febrero de 2021, cuando los empresarios se habrían visto obligados a suscribir un convenio por una supuesta deuda.
Todos los hechos relatados configurarían, al menos “prima facie” los delitos de Turbación de la posesión y Extorsión cuya pena rondaría entre los 5 y 25 años de prisión de efectivo cumplimiento.
