La fiscal de juicio Gabriela Baigún pidió este lunes que el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime sea condenado a ocho años de prisión y al pago de una multa de casi 16 millones de pesos, y que el ex ministro de Planificación Julio De Vido reciba una pena de cuatro años por la compra de trenes inutilizables a España y Portugal durante el gobierno de Néstor Kirchner.
La fiscal sostuvo que, además de la operación que terminó siendo perjudicial para el Estado (debido a que los trenes eran considerados “chatarra” y la intención de repararlos en talleres ferroviarios locales nunca se concretó), Jaime cobró un soborno del orden del millón de dólares a través de una consultora de Manuel Vázquez, considerado su testaferro.
Para Vázquez, la fiscal pidió la pena de cinco años y ocho meses de cárcel, más el pago de una multa del orden de los 11 millones de pesos.
El tramo final del alegato de la fiscal, que había comenzado el 15 de noviembre pasado, se focalizó en la cuantificación del pedido de pena formulado al Tribunal Oral Federal número seis, integrado por los jueces Julio Panelo, Fernando Canero, José Martínez Sobrino y Ricardo Basílico, como magistrado suplente.
Según Baigún, los funcionarios aprovecharon la política de reactivación ferroviaria impulsada por el gobierno de Kirchner para celebrar la operación de compra de coches a España y Portugal, en condiciones desventajosas para la Argentina pero ventajosas para ellos.
Los ex funcionarios están acusados por “administración fraudulenta y cohecho” por un monto que ronda los cien millones de euros, según estimaciones de la Auditoría General de la Nación.
“Se encuentra acreditado que Julio Miguel De Vido, en su carácter de Ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y Ricardo Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte, es decir, máximas autoridades del transporte ferroviario, llevaron adelante una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio del Estado Nacional”, consideró la acusadora.
En ese sentido, sostuvo que De Vido y Jaime “violaron las obligaciones del buen administrador” mediante la adquisición de coches que por sus características resultaban inútiles para el sistema ferroviario argentino.
Los contratos para la compra de esos trenes “fueron suscriptos sin ningún tipo de previsión respecto de las necesidades del sistema ferroviario argentino, ni respecto de los talleres donde se realizarían las reparaciones”, evaluó la fiscal.
Jaime está detenido desde 2016 por varias condenas, en tanto que De Vido está libre, a la espera de que quede firme o sea revocada una condena a cinco años y ocho meses de cárcel por la Tragedia de Once.