El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de los Magistrados y los Abogados, Diego García Sayán, envió una nota formal a la Argentina para pedirle informes sobre la situación de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña.
Los jueces que habían sido trasladados a ese importante tribunal durante el gobierno de Mauricio Macri deberán dejar sus cargos en la Cámara Federal debido a una decisión política tomada por la administración de Alberto Fernández. Ambos camaristas confirmaron los procesamientos de los imputados en el Caso Cuadernos: entre los acusados de integrar una organización que recaudaba coimas que se repartían en bolsos se encuentra la ex presidenta Cristina Kirchner.
Pliego de preguntas
García Sayán fue designado Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados en diciembre de 2016. Antes había sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante dos mandatos consecutivos. El requerimiento firmado por Sayán fue recibido por la Cancillería el 16 de noviembre pasado y consta de un pliego de preguntas destinadas a que le provean detalles del procedimiento de reemplazo de Bruglia y Bertuzzi. El Estado argentino debe responder en un plazo de 60 días.
En julio de 2020, el gobierno de Alberto Fernández, con impulso de los sectores más cristinistas, promovió que se revisaran los traslados de los jueces federales dispuestos durante el macrismo con el argumento de que eran inconstitucionales. Los jueces iniciaron una demanda que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Alto Tribunal determinó que Bruglia y Bertuzzi debían dejar sus asientos en la Cámara Federal una vez que finalizara el concurso para elegir a sus reemplazantes. El Consejo de la Magistratura de la Nación inició el concurso para reemplazar a Bruglia y Bertuzzi. Bertuzzi se presentó al concurso. Bruglia no lo hizo. Sin embargo, llevaron su reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí está su denuncia contra el Estado argentino, en donde asegura que el único objetivo de la decisión del Consejo de la Magistratura fue correrlos a ellos de la Cámara Federal porque no se había acelerado ningún otro traslado, como ocurrió con ellos. Se reclamó la suspensión del concurso que se abrió para reemplazarlos. El pedido llegó a manos del peruano García Sayán, -autor de un informe en base a denuncias del kirchnerismo por el manejo de la justicia en tiempos de Macri- quien hace dos semanas envió el pliego de preguntas que cayó muy mal en el Gobierno.
Removidos por política
La denuncia original de Bruglia y Bertuzzi presentada en el ámbito internacional señalaba: “Hemos sido removidos por la política de nuestros cargos de Jueces de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, vitales para quienes manejan actualmente el sistema del poder, por motivos que en forma individual o combinada generaron un esquema ficcional del que se valieron las actuales autoridades del Estado Argentino para desalojarnos en forma expedita de los cargos que detentábamos. Fueron actos en apariencia lícitos con un vicio originario de ilegalidad (centrado en el Consejo de la Magistratura de la Nación), montados desde la estructura máxima del poder del Estado y perfectamente coordinados. Mediante esta ilícita acción, violaron las garantías de inamovilidad y estabilidad de la que gozábamos. Los motivos pueden ser varios, sin descartar la venganza, búsqueda de impunidad o simplemente obtener cargos del esquema central del poder judicial”.