Luciano Di Cesare, quien fuera titular del PAMI durante los dos mandatos presidenciales de Cristina Kirchner, devolvió al Estado nacional cerca de 90 millones de pesos tras un acuerdo de conciliación para evitar un juicio oral por el cobro irregular de vacaciones no gozadas.
El caso se remonta al 9 de diciembre de 2015, un día antes de que Mauricio Macri asumiera la presidencia. Di Cesare presentó una solicitud para cobrar las vacaciones no gozadas de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, aduciendo que por su carga laboral no había podido tomarlas. La entonces gerenta de Recursos Humanos del PAMI, María Arrouzet, autorizó la liquidación y el subgerente de Administración de Recursos Humanos, Carlos Galdo, remitió el pago, resultando en que Di Cesare cobrara 1.300.826,77 pesos por dichas vacaciones el 10 de diciembre de 2015.
Sin embargo, el sucesor de Di Cesare en el PAMI, Carlos Regazzoni, lo denunció penalmente el 17 de diciembre de 2015 por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, argumentando que las vacaciones no gozadas caducan a los seis meses según la ley de contrato de trabajo y que está prohibida su compensación en dinero.
El juez federal Ariel Lijo procesó a Di Cesare, Arrouzet y Galdo, y la fiscal federal Paloma Ochoa solicitó que fueran enviados a juicio oral. No era la primera vez que Di Cesare enfrentaba un juicio oral; en 2018, fue juzgado por presunto fraude al PAMI, pero resultó absuelto.
El Tribunal Oral Federal 7 había fijado el inicio del juicio para el 15 de febrero pasado, pero se alcanzó un acuerdo de conciliación entre los acusados y el PAMI, bajo la actual gestión del gobierno de Javier Milei. Según el acuerdo, los acusados debían pagar al PAMI 88.131.531,86 pesos como reparación, monto que actualizaba el dinero cobrado por Di Cesare. A cambio, la causa penal sería cerrada y los acusados evitarían el juicio oral. La mayor parte del dinero fue abonada por Di Cesare, mientras que Arrouzet también contribuyó, alcanzando el acuerdo a los tres acusados.
