Organizaciones de DD.HH. reclaman aplicación de manda constitucional para el juicio Saint Amant IV

PIDEN QUE CON URGENCIA EL DEBATE SE HAGA EN LAS CIUDADES DE LOS HECHOS QUE SE JUZGAN

“Seguimos con el problema de no poder lograr que el Tribunal se traslade a San Nicolás, siguen argumentando temas técnicos. La Comisión por la Memoria, organismos gubernamentales y la Regional de DD.HH. le han enviado notas pero no se está pudiendo avanzar”, notó a EL NORTE la referente local Anabel Longinotti.

El ITEC de San Nicolás fue sede del juicio en otras parcialidades de la megacausa conocida como “Saint Amant”. ARCHIVO EL NORTE

De la Redacción de EL NORTE
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La próxima audiencia del juicio Saint Amant IV -que juzga delitos de lesa humanidad que sucedieron en San Nicolás, entre otras localidades- se realizará en los Tribunales Federales de Rosario el próximo martes a las 12. Justamente es el lugar del debate, lo que siguen interpelando los organismos y organizaciones de derechos humanos de la región. El Tribunal continúa argumentando que para que se realicen en las ciudades de los hechos que se evalúan, no están dadas las condiciones técnicas. 

El juicio debió comenzar el 22 de febrero pasado en el auditorio “Macacha Güemes” del Instituto Tecnológico “Rafael de Aguiar” de la Unión Obrera Metalúrgica de nuestra ciudad. Su inicio fue postergado para el 14 de marzo y trasladado a Rosario por las razones expuestas.

Se espera que durante el debate declaren 150 testigos. El juicio resulta de la acumulación nueve causas vinculadas a casos de víctimas que eran oriundas de San Nicolás, Pergamino, Colón, Baradero, San Pedro y Ramallo. Los jueces son Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario.

Esta semana será la primera audiencia testimonial de la causa Berg. Antonio Federico Bossie, Guillermo Aníbal Piccione y Omar Andrada están imputados en la denominada “causa de la familia Berg” de los delitos de privación ilegítima de la libertad cometidos en 1976 contra 19 víctimas –militantes, en su mayoría, del Partido Comunista–, en concurso real con el delito de torturas y con el homicidio agravado de dos personas. A su vez, se les imputa el delito de allanamiento ilegal perpetrado en cinco viviendas y el hurto de enseres del domicilio de una víctima.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal general Adolfo Villatte y el auxiliar fiscal Juan Patricio Murray.

Solicitud 

“La decisión así adoptada dificulta enormemente la posibilidad de que las víctimas y la ciudadanía en general que desde hace más de 40 años esperan el inicio del presente debate puedan participar en forma presencial. Se impone con carácter urgente encontrar una solución que permita efectivizar la manda constitucional (art. 118) que ordena que los hechos sean juzgados en los lugares en que fueron cometidos. Resulta sumamente relevante para la memoria histórica de estas comunidades poder participar del hecho histórico que representa un juicio de la naturaleza del que aquí se ventila. Lejos de ser una cuestión antojadiza, Rosario se encuentra a 70 kilómetros de San Nicolás, a 141,7 km de Pergamino y a 160,8 km de Baradero. Además, el espacio físico con que cuenta la Sala de audiencia del Tribunal resulta muy reducido.  A su vez, téngase en cuenta que muchas de las víctimas, familiares y allegados, compañeros de militancia, etc., son personas adultas mayores con enormes dificultades para movilizarse y no gozan de un estado de salud apto para poder hacerlo. A tal fin, creemos estar en condiciones de aportar soluciones que a corto plazo resuelvan las dificultades que se han presentado hasta la fecha”, señalaron las entidades firmantes del pedido que se extendió al Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario.

También indicaron cuestiones referentes al transporte en materia de disposición de los servicios necesarios, frecuencias, acceso y costos, que dificultan los traslados a Rosario.

Pedido vigente

En diálogo con EL NORTE, la referente de la Mesa de la Memoria por la Justicia Anabel Longinotti manifestó ayer: “Seguimos con el problema de no poder lograr que el Tribunal se traslade a San Nicolás, siguen argumentando temas técnicos. La Comisión Provincial por la Memoria, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le han enviado notas solicitándole y la Regional de DD.HH. ‘Cholo Budassi’, pero no se está pudiendo avanzar con eso… Complejo. Es muy difícil sostener un juicio con las audiencias semanales, viajando en colectivos y autos, es un costo altísimo”.

Las organizaciones que reclaman el cumplimiento de la manda constitucional son las siguientes: Mesa por la Memoria de Baradero, Casa por la Memoria por la Verdad y la Justicia de Ramallo, Mesa por la Memoria de San Pedro, Comisión Provincial por la Memoria, Sitio de Memoria Ruperto Tito Méndez, Frente por la Memoria Colectiva de Junín, Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino y la Mesa local.

Acusados

En la megacausa hay 12 imputados que integraron, durante el terrorismo de Estado, el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército de esta ciudad y las delegaciones locales de la Policía Federal y de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA) por crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 74 víctimas, en el ámbito de la jurisdicción del Área Militar 132, que abarcaba gran parte del noroeste provincial y que estuvo bajo el mando del fallecido coronel Manuel Fernando Saint Amant. 

En este juicio están acusados los exintegrantes del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, que era la jefatura del Área Militar 132, Antonio Federico Bossie -excoronel, que en el momento de los hechos era mayor, y que prestó funciones de oficial de Operaciones y de Inteligencia-, Guillermo Aníbal Piccione -excoronel, juzgado por su desempeño como capitán en 1976, grado con el cual se desempeñó en los cargos de oficial jefe de Personal y de Logística- y Bernardo Luis Landa -exteniente coronel, quien en 1975 y 1977 era capitán y prestó funciones como oficial jefe de Personal y de Logística- y Carlos Manuel Biglieri, exsubteniente a cargo de la Sección Antisubversiva.

Además, llegaron a juicio el exmayor del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás, Omar Andrada, quien se desempeñó como jefe de Sección; los excabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal Hubo Bellet, Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla; y los exoficiales de la delegación San Nicolás de la DIPBA Enabel Otilio Cappa, Miguel Ángel Amarillo, Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi. Es la primera vez que exmiembros de la inteligencia policial de la provincia llegan a juicio.

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