El origen del conflicto, con todas sus variantes, se remonta a 1980, durante la dictadura.
El Tribunal Oral Federal número tres concedió la libertad condicional al exsubsecretario Legal del Ministerio de Economía Osvaldo Siseles, detenido en 2021 para cumplir una condena de cuatro años de prisión por el proceso falencial del grupo empresarial Greco durante la dictadura.
Siseles fue condenado por intentar beneficiar al Grupo Greco en perjuicio de los intereses del Estado, por un importe estimado en 332 millones de pesos a cobrar en bonos de consolidación.
El Grupo Greco era un conglomerado de empresas relacionadas con la industria vitivinícola que quebró en 1980, durante la dictadura.
Los dueños de las empresas fueron encarcelados y recuperaron la libertad con el regreso de la democracia, en 1984.
En 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, las partes acordaron una solución amistosa homologada por el Poder Judicial, pero los términos pactados nunca se cumplieron y en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem, se reavivó el reclamo judicial.
En 2005, autoridades de segunda línea del Ministerio de Economía acordaron “practicar liquidación de las sumas pretendidas por la actora”.
Durante el juicio oral, se estableció que los funcionarios, entre ellos Siseles, “incumplieron con los cargos que les fueron asignados y procuraron un beneficio indebido para el grupo empresarial, obligando abusivamente al Estado y comprometiendo los intereses patrimoniales”.
Según acusó el fiscal Miguel Ángel Osorio durante el juicio, “el Estado pasó de reclamar 500 millones de pesos y alegar que no tenía ningún tipo de deuda a consentir una decisión que lo obligaba a desembolsar 332 millones, en función de documentación acompañada unilateralmente por los abogados de Greco”.
Siseles fue beneficiado el 28 de septiembre de 2021 con la prisión domiciliaria, en virtud de su estado de salud y su avanzada edad y el 2 de marzo pasado de 2023 fue autorizado a salir diariamente de su domicilio con el objetivo de efectuar caminatas con fines terapéuticos.
Ahora, su defensa pidió la libertad condicional argumentando que “cumplió el requisito temporal para acceder al instituto y el comportamiento, que se ajustó a las normas que le fueron impuestas y a los controles periódicos que se efectuaron por parte de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal”.
El fallo que otorgó la libertad condicional fue suscripto por el juez Andrés Fabián Basso.