Las decisiones que oportunamente se tomaron respecto de las situaciones de Ramiro Cáceres y Mauro Sosa reactivaron la sensación de que la Justicia trabaja con “puertas giratorias” para recibir y dejar libres a delincuentes que persisten en sus conductas fuera de la Ley. El primero había sido liberado en noviembre por María Eugenia Maiztegui y tres meses más tarde es el principal sospechoso por el homicidio de César Butara en Ramallo. El segundo fue el único condenado por el incendio en la Catedral. Recibió una pena de tres años y seis meses de prisión. Fue objeto de otras condenas y tras cumplir sólo unos pocos meses, el juez Anselmo González le dio el beneficio de una “libertad vigilada” que nadie vigila. Todavía hoy sigue acumulando nuevas imputaciones. Y sigue libre. No son los únicos casos.
De la redacción de EL NORTE
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Los hechos de inseguridad cometidos por delincuentes que deberían estar bajo la custodia de la justicia, pero continúan en la calle delinquiendo, se multiplican y la sociedad reclama respuestas. Aunque muchos especialistas en derecho niegan la existencia de la mentada “puerta giratoria de la justicia” la realidad estaría demostrando lo contrario. Sujetos que se encuentran inexplicablemente beneficiados con atenuaciones de coerción luego de haber protagonizado delitos graves vuelven a cometer hechos cada vez más violentos. Sea esto porque fueron detenidos por la policía en el momento del hecho o tras una investigación y liberados por el fiscal en menos de 24 hs o porque durante el proceso el Juez de Garantías entendió que no había peligrosidad procesal y excarceló al imputado mientras se instruye su causa o porque los jueces de ejecución encontraron posible que el condenado se reinserte en la sociedad ante de cumplida su pena. La repitencia de hechos muestra que el sistema “hace aguas”, sea porque la legislación vigente lo permite, porque algunos fiscales no cumplen a conciencia su función, porque hay jueces que se manejan con exagerada discrecionalidad, porque los controles que debe cumplir el Patronato de Liberados no es eficiente o porque el sistema de datos no trabaja de manera coordinada con la policía; lo cierto es que algo está fallando gravemente y necesita ser corregido porque la sociedad lo reclama.
Barrios
El caso Barrios es una muestra acabada de las falencias de la justicia donde se mezcló el poco rigor de los jueces con la ausencia de controles. Nicolás Barrios estaba condenado a 14 años y seis meses de prisión por homicidio en grado de tentativa y debía ser juzgado nuevamente, esta vez por el homicidio del policía Mauro Maldonado. Ambos hechos ocurrieron en mayo de 2018 en barrio Las Mellizas cuando varios efectivos custodiaban una vivienda atacada por vecinos enfurecidos, que exigían que fuera desalojada de la franja barrial una familia a la que consideraban conflictiva. Más de 30 personas resultaron heridas, en su mayoría efectivos policiales. A pesar de la condena y de los graves cargos que pesaban sobre Barrios fue beneficiado con una prisión domiciliaria escasamente controlada, que violó sistemáticamente y que no fue revocada ni aun ante los reclamos efectuados por la familia de Maldonado ante la jueza Belén Ocáriz. Recién le quitaron el beneficio cuando el caso tomó trascendencia mediática porque en un acto de total impunidad Barrios publicó sus videos en la red Tik Tok mostrándose haciendo maniobras peligrosas con la moto en la costanera y el abogado que acompaña a la familia presentó imágenes de su presencia en boliches de la zona.
No menos indignante es el caso del nicoleño Mauro Sosa quien, además de haber sido condenado a 3 años y seis meses de prisión por el incendio a la Catedral en 2019 y a pesar de haber sumado posteriormente otros delitos, gozaba del beneficio de libertad vigilada otorgado por el Juzgado de Ejecución a cargo del magistrado Anselmo González. Bajo estas circunstancias, el pasado 8 de febrero fue reconocido por testigos como quien asaltó e intentó abusar sexualmente de una persona en la localidad de Capitán Sarmiento. Pese a su creciente prontuario, el joven de 31 años sigue en libertad.
Otros casos recientes
El pasado lunes un grupo de asaltantes terminó con la vida del reconocido comerciante y abogado César Butara. El crimen que sacudió a la localidad de Ramallo ocurrió durante un robo en su vivienda. Por el delito fueron detenidos cinco hombres mayores de edad, entre ellos Ramiro Nicolás Cáceres de 18 años, quien sería el autor del disparo. Poco después de la aprehensión se conoció que había sido detenido el año pasado tras efectuar disparos de armas de fuego, junto a otro joven, contra la casa de una mujer, a la que amenazaron de muerte. Por esa causa, caratulada como abuso de armas y amenazas agravadas, había sido excarcelado el 14 de noviembre de 2023 por la jueza de garantías María Eugenia Maiztegui.
En otro hecho ocurrido el 5 de febrero tres hombres armados sorprendieron a una mujer de 70 años en su casa de calle Roca durante la madrugada. La maniataron, le cubrieron la cabeza con una bolsa y se llevaron un importante botín para luego huir dejando a la mujer a su suerte. Por el hecho fue aprehendido un sujeto de apellido Fringes. El Juzgado de Garantías en principios ordenó la detención, pero luego lo excarceló porque no se logró secuestrar el arma y continuó en libertad aun después de que la diligencia de reconocimiento en rueda de personas diera positivo. El acusado, de18 años, contaría con numerosas causas siendo menor pero que no pueden contarse como antecedentes.
Los mencionados son solo algunos de los ejemplos que el ciudadano común expuesto a la inseguridad no logra terminar de entender.
“Entran por una puerta y salen por otra”
Consultado sobre algunos de los aspectos del tema el abogado de policía Julián Domínguez explicó que “esta problemática nos preocupa mucho”. “El personal policial aprehende a los delincuentes, muchas veces in fraganti y para cuando terminan de hacer el acta de procedimiento ya están liberados de nuevo. O encuentran a personas que violaron una medida de restricción por arresto domiciliario pero esa violación no se traduce en una revocación automática. Puede estar infringiendo las reglas impuestas, lo encuentran delinquiendo y no queda detenido. Es un grave problema que el personal policial, al cual represento, tiene permanentemente. Eso genera desgano porque saben que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Esa es la realidad”, expresó el letrado.
“Hay muchísimas excarcelaciones de forma directa en la que la justicia podría ser más rigurosa y este criterio no es solo a nivel local, sino que también ocurre a nivel provincial. Esto genera un grave perjuicio que se traduce en inseguridad para todos. Los policías, cumpliendo con su obligación arriesgan su seguridad física, se exponen a enfrentamientos y los delincuentes salen de las Comisarias más rápido que el efectivo que hace el acta. Se avocan a la investigación y cuando los atrapan, ya sea porque la justicia lo considera un delito menor o porque no tienen antecedentes los liberan rápidamente. En muchos casos, para ensuciar las causas los aprehendidos los denuncian por apremios que no ocurrieron y se termina trabajando más en la defensa del policía que en lo que se tiene que hacer para que el sujeto imputado quede detenido”, manifestó Domínguez.
“La prevención también implica que la persona que cometió un delito quede detenida, que tenga que dar explicaciones, que se investigue un poco más porque, aunque se trate de un delito menor, todo delincuente empieza por delitos bajos y va aumentando la agresividad. Esto se suma a la falta de coordinación con el Patronato de Liberados que no informa a la policía acerca de las personas que deben cumplir medidas restrictivas. Esta transgresión genera de por si un delito: la violación de una orden judicial que implica automáticamente la revocación del beneficio y deberían quedar detenidos, pero la policía no tiene manera de conocer esto debido a que el Patronato no le proporciona la información necesaria” explicó el letrado. “Es algo que debe mejorarse de manera inmediata, cumplir esta norma agilizaría mucho las cosas, sería darle a la policía una herramienta para poder, en colaboración con el Poder Judicial, detenerlos en casos de incumplimiento o cuando sean atrapados delinquiendo”, concluyó el abogado policial Julián Domínguez.
