Un grupo de policías entrerrianos quedó en la mira por vender partes de vehículos a mecánicos y los rodados eran previamente secuestrados en la ruta nacional 12 que une a la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos.
La investigación -que incluye escuchas telefónicas- apunta a una maniobra por la cual los vehículos que eran secuestrados por la Policía entrerriana, luego eran descuartizados y se vendían sus partes a mecánicos en la provincia de Buenos Aires.
Los vehículos eran aquellos que eran secuestrados por algún tipo de infracción o irregularidad al transitar la ruta nacional 12 de Zárate-Brazo Largo y quedaban en un playón pegado al camino en el puesto caminero Ibicuy.
Inicialmente, la investigación que encaró el fiscal federal Pedro Rebollo apuntaba a la supuesta cobertura de policías a narcotraficantes que transitaban la ruta, pero las escuchas finalmente determinaron esta otra maniobra ahora bajo sospecha.
También, la sospecha es que había cobertura a ciertos vehículos que circulaban con infracción evidente, pero que se les permitía seguir camino.
La imputación del fiscal apunta al Comisario Principal Cristian Omar Villanueva, quien se desempeña como Jefe del control caminero Zárate – Brazo Largo de la policía de Entre Ríos; su entonces segundo Luis Armando Zabala; el comisario retirado Juan Francisco Leloutre; el policía Joaquín Migueles; y los mecánicos Franco Oliveri y Eduardo Favaretto.
Incluso, sobre el comisario retirado Leloutre existe la sospecha que trabaja en la actualidad para compañías de seguros, él le pagaba dinero a policías para que les dé información sobre autos robados que eran secuestrados y así él poder recuperarlos, sobre todo aquellos a los que el seguro les canceló la prenda a sus dueños originales.
En la investigación, se hicieron tareas de inteligencia de los dos mecánicos sospechados en sus respectivos talleres y, en uno de ellos, hasta se encontró un patrullero de la Policía de Entre Ríos al cual le colocaban autopartes de vehículos secuestrados.
En el expediente figura un sinfín de escuchas telefónicas registradas durante el año pasado.
El fiscal Rebollo pidió ya las indagatorias de todos los policías sospechados en la investigación y no descartó la participación de otras personas aún no identificadas.