Los Colegios de Psicólogos del Distrito III y IV –que incluye a San Nicolás– emitieron un documento conjunto donde exigen la “implementación plena de la Ley de Salud Mental 26.657” hoy vigente, en contraposición a las reformas de la Ley Ómnibus que buscan facilitar internaciones involuntarias y habilita la creación de manicomios. “Retomar un término en desuso con la carga que implica es al menos negacionista o de extremo desconocimiento acerca de los cambios que se fueron dando en el mundo”, señaló la Psicól. Silvia Lattanzio.
De la Redacción de EL NORTE
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Entre otras cientos de reformas que propone la Ley Ómnibus enviada por Javier Milei al Congreso, busca introducir la modificación de la Ley 26.657 de “Derecho a la Protección de la Salud Mental”. El proyecto plantea cambios en ocho de los más de 40 artículos de la legislación actual, entre los que figuran los puntos más debatidos y resistidos de la norma, como las internaciones involuntarias, la existencia o creación de hospitales especializados o la actuación del Órgano de Revisión (OR).
De aprobarse el nuevo texto, el OR –un cuerpo integrado por abogados para monitorear el cumplimiento de la ley de salud mental y “proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental”– pasará a estar integrado por un equipo multidisciplinario.
En ese marco, producto del debate en asamblea regional autoconvocada, los Colegios de Psicólogos del Distrito III y IV –que incluye voces de trabajadores de la salud mental que ejercen su práctica en ámbitos múltiples y diversos en las localidades de Junín, Chacabuco, Lincoln, Pergamino, San Nicolás– emitieron un documento en fuerte rechazo a los cambios propuestos.
“Exigimos la implementación plena de la Ley de Salud Mental vigente”, afirma el comunicado, al tiempo que argumenta los motivos de dicha defensa: “Defendemos la Ley de Salud Mental porque es el resultado de un prolongado debate y tratamiento parlamentario acorde al funcionamiento legítimo de la democracia. Su construcción incluye las voces de nuevos actores sociales implicados y afectados directamente en la problemática, hecho inédito hasta ese momento, tales como organismos de DD.HH., y agrupaciones de familiares y usuarios de los dispositivos de Salud Mental. Promueve y resguarda el trabajo interdisciplinario, sin prejuzgar la preponderancia de un saber sobre otro”.
Asimismo, manifiestan que la legislación 26.657 “sostiene una concepción amplia de salud mental y apunta a la atención integral de pacientes con padecimiento mental, su inserción en la comunidad y no su permanencia en instituciones monovalentes; fomenta los abordajes intersectoriales, generando dispositivos que contemplen estrategias de intervención en la comunidad; y se funda en los principios internacionales sobre políticas públicas con enfoque de DD.HH., tendiendo a generar los dispositivos necesarios para garantizar derechos básicos de las personas que tienen sufrimiento psíquico”.
Bajo ese punto de vista, hacen un llamado “a la sociedad en su conjunto, a las instituciones y organismos intermedios, a los dirigentes políticos y, fundamentalmente, a los señores legisladores, a rechazar la modificación de los ocho artículos que el Gobierno pretende introducir mediante la Ley Ómnibus”.
“La Ley de Salud Mental no tiene que modificarse, sí debe alcanzar su plena implementación en todo el país, para lo cual se requieren recursos materiales y humanos, así como un Estado garante y regulador”.
Silvia Lattanzio
“Las denominaciones no son inocentes”
El debate respecto de la salud mental trajo a la actualidad nuevamente la idea de la creación de “manicomios”, teniendo en cuenta que los cambios propuestos por la Ley Ómnibus prevén que en lugar de que las internaciones de salud mental deban realizarse en hospitales generales, se hagan en “instituciones adecuadas”.
“Las denominaciones no son inocentes ni al azar… Retomar un término en desuso con la carga que implica es al menos negacionista o de extremo desconocimiento acerca de los cambios que se fueron dando en el mundo”, señaló a EL NORTE la psicóloga Silvia Lattanzio (Matr. 15.039), coordinadora de la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico del Hospital San Felipe, miembro de Entre(s) Asociación Civil – Colectivo Multidisciplinario de Salud Mental, y miembro de la Comisión de DD.HH. del Consejo Superior de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires.
Y recordó que “tras la Segunda Guerra Mundial, con el reconocimiento de que las condiciones de vida de los pacientes en los manicomios se asemejaban a las de los campos de concentración, en los que la dignidad humana era una ausente, allá por 1953 la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud propuso una ‘Política de Salud Mental’, a partir de la cual se dio un vuelco en las formas de pensar las atenciones. Argentina participó de los procesos de cambios institucionales con experiencias pilotos que demostraron que otras formas de pensar y hacer eran posibles, en las que la influencia del psicoanálisis marcó un derrotero diferente a la hora de proponer alternativas a la cronicidad del modelo asilar”.
“Comunidades terapéuticas, trabajos grupales, asambleas comunitarias, fueron innovaciones que dieron lugar a la participación de los pacientes, que propiciaron la salida de la pasividad del que recibe (órdenes, diagnósticos, medicamentos) para lograr el encuentro con algo del orden de lo personal, qué le molesta, qué quiere, qué piensa, cómo lo haría”, marcó Lattanzio y agregó que “la Reforma de Río Negro, producto del convencimiento de que el Hospital Psiquiátrico ha sido nefasto para la vida de las personas, fue que el cierre del existente y la no apertura de ningún otro se convirtió en un imperativo, con el que también se comprometió la comunidad”.
Finalmente, apeló: “La ley no tiene que modificarse, sí debe alcanzar su plena implementación en todo el país, para lo cual se requieren recursos materiales y humanos, un Estado garante y regulador que articule con eficacia y eficiencia el sistema de salud, a fin de posibilitar el cumplimiento de las políticas públicas de salud mental en sus ejes promoción, prevención y atención. Aún falta y no es poco, pero son innegables los avances de la desmanicomialización de la provincia de Buenos Aires en su complejo pero constante proceso a la salud comunitaria con los dispositivos intermedios. La salud mental es un derecho humano, impensable sin la intervención del Estado”.
