La impunidad ha ido erosionando la credibilidad en fiscales y jueces, a punto tal que el Poder Judicial –en este país– se ha ganado el descrédito de buena parte de la sociedad. Pero nunca es tarde para empezar a torcer esa concepción de que en Argentina el servicio de búsqueda de la verdad funciona de manera discrecional. O bien, de manera proporcional a los recursos (económicos, institucionales, etc.) con los que se disponen. La denuncia contra el dirigente Roque Frangolini, que ha espabilado una vez más la indignación social, surge como una nueva oportunidad para actuar de oficio, y dejar de hacerse el distraído/a ante la posible injusticia de que alguien pueda estar quitándole la comida de la boca a quienes casi no tienen que comer.
De la redacción de EL NORTE
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Primero, lo primero: el rol de un Estado, tan en debate por estos días, también es auxiliar a quienes no tienen ingreso alguno. Fundamentalmente porque la concepción de «Estado» no solo refiere al conjunto de instituciones organizadas, sino que también incluye a las personas que habitan ese territorio organizado. De ahí que los programas sociales dirigidos a las personas vulnerables son una herramienta necesaria en un país que ha naturalizado la convivencia en crisis económicas. Todos, desde el kirchnerismo al macrismo y (también ahora) el mileísmo han convertido a los planes en una herramienta de control de la paz social. Y también de estigmatización, aunque ese es tema para otro artículo.
El programa Potenciar Trabajo es, precisamente, una herramienta de asistencia a sectores vulnerables. Asistencia alimentaria, porque lo que se percibe no alcanza para más que eso. Supone una contraprestación, lo cual puede funcionar como un factor (más o menos) dignificante. El problema está en que esos recursos pasan por las manos de intermediarios que –en algunos casos– pueden carecer de escrúpulos.
No está claro si esto último incluye al dirigente social Roque Frangolini (Barrios de Pie/Libres del Sur). No está claro porque por el momento ningún fiscal se ha puesto a investigar. La denuncia del periodista Tomás Díaz Cueto incorpora material que bien amerita una investigación de oficio de algún funcionario del Ministerio Público Fiscal.
Díaz Cueto denunció, también en sede judicial, que Frangolini estaría exigiendo a beneficiarios y beneficiarias del programa Potenciar Trabajo el 10 por ciento de la asignación que perciben cada mes. A cambio de ese pago, les garantiza permanecer en el padrón de incorporados al programa.
El informe de Díaz Cueto contiene capturas de imágenes y también audios, en los que Frangolini les comunica a beneficiarios: “Necesito el aporte de todos, por favor. Y los que no pagaron el mes pasado, también lo necesito”. El «diezmo» que estaría pidiendo Frangolini, según el informe, debe transferirse todos los meses si se quiere seguir percibiendo el beneficio.
En la misma pieza audiovisual se publica, además, capturas de lo que serían transferencias a una cuenta que Roque Frangolini en el Banco Provincia. Una por $14.600, y otras por $8100, $7300 y $7800.
Robo sugestivo
El jueves de esta semana, 48 horas después de que se destapara esta olla, Frangolini denunció el robo de su teléfono móvil. Según su relato, ocurrió cuando dos sujetos lo interceptaron en un descampado. Frangolini, de acuerdo al parte policial, habría lanzado al suelo ese celular y una suma de 10.000 pesos como maniobra distractiva para emprender la huida de esa situación.
Sin teléfono físico a peritar, ¿se puede complicar la investigación? De ninguna manera, porque los mensajes de voz y las imágenes que pudieran haber estado en ese dispositivo se pueden recuperar si hay voluntad de pedirlas a la compañía telefónica. Ni hablar de las transferencias que los beneficiarios del programa pudieran haber hecho a la cuenta de Frangolini. Pero, además, están los propios damnificados, algunos de los cuales no quieren prestar declaración ante los medios pero sí estarían dispuestos a hacerlo ante la Justicia.
Desde que este diario publicara la denuncia de Díaz Cueto, voces que pidieron mantenerse anónimas abonaron lo denunciado. Pero también surgieron relatos de personas que aseguran que algo similar ocurre en otras organizaciones.
Purificar
La labor de las organizaciones sociales no es tema de cuestionamiento, porque cumplen un rol esencial en la asistencia a los sectores marginados del circuito económico formal. El problema, aquí y en muchas otras ciudades, son los intermediarios. Los denominados ‘punteros’, con capacidad de administrar los recursos destinados a las personas sin ingresos. Esos que aprietan a los beneficiarios pidiéndoles parte de lo que reciben, o bien, obligándolos a engrosar las movilizaciones de protesta si quieren seguir empadronados en el plan.
“Aclaro a todos: si yo no los veo el martes y el miércoles 24, no los reempadrono en la organización. Acá, los tibios que se queden en la casa. Pero tampoco pretendan seguir cobrando”, se escucha en uno de los audios publicados por Díaz Cueto.
Señores fiscales, sería interesante que pudieran intervenir en este tipo de denuncias. Investigar, buscar la verdad, sea cual sea. En definitiva, hacer Justicia. Una palabra que solemos escribir con mayúscula inicial, a pesar de ser un servicio que se presta minúsculamente.
