En el país de 3,4 millones de habitantes, se registra una de las tasas de femicidios más altas del continente, las mujeres electas en 2019 representaban solo el 19% del Parlamento y la educación sexual integral lejos está de aplicarse cabalmente.
De la Redacción de EL NORTE
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Uruguay arranca el año electoral con una nutrida lista de asignaturas pendientes para avanzar hacia la igualdad de género y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. En el país de 3,4 millones de habitantes, se registra una de las tasas de femicidios más altas del continente, las mujeres electas en 2019 representaban solo el 19% del Parlamento y la educación sexual integral lejos está de aplicarse cabalmente. Solo dos mujeres pasaron a ocupar el cargo de intendentas (alcaldesas) en un país con 19 departamentos. Estos son algunos de los aspectos críticos que aborda un reciente informe del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que exhorta al Estado uruguayo a superar las barreras que impiden poner en práctica las leyes en favor de la igualdad aprobadas desde 2016, cuando la CEDAW emitió su evaluación anterior sobre Uruguay.
A su vez, la mayoría de los países de América Latina votaron leyes de paridad aunque no es el caso del país en cuestión.
Entre las reformas legislativas hechas desde entonces, el informe destaca la aprobación en 2017 de la Ley 19.850 sobre violencia hacia las mujeres basada en género. Uruguay, según la Cepal, es el tercer país de América Latina —junto a El Salvador— con la tasa más alta de femicidios (1,6 cada 100.000 mujeres), solo por detrás de República Dominicana (2,9) y Honduras (6). De acuerdo con el estudio ´El feminicidio en Uruguay´, entre 2001 y 2022 se identificaron 615 casos en territorio uruguayo; en 2022 hubo 37 feminicidios y 38.251 denuncias por violencia de género. Este flagelo motivó que en 2019 el Gobierno de turno declarara el “estado de emergencia nacional”, que en los hechos no tuvo mayor impacto, según coinciden las organizaciones sociales y feministas.
EXHORTAN A AUMENTAR RECURSOS
Frente a este panorama, el comité de expertos de la ONU exhorta al Estado uruguayo a aumentar los recursos humanos, técnicos y financieros para la “aplicación estricta” de la ley de 2017.
El informe, emitido a fines de octubre pasado, destaca la instalación de dos juzgados especializados en violencia de género en el noroeste y sureste del país, pero observa “largas demoras” en establecer órganos similares en el resto del territorio. También resalta la creación de una línea telefónica de ayuda contra la violencia de género las 24 horas y el aumento en un 50% del presupuesto asignado al sistema de respuesta del Instituto Nacional de las Mujeres. Por otro lado, denuncia las múltiples insuficiencias que persisten en la prevención de este delito, la atención a las víctimas y el acceso a la Justicia.
LEYES NO SOLO EN PAPEL
“El informe está alineado con lo que las organizaciones feministas y los movimientos sociales demandamos al Estado desde hace tiempo, como la asignación de presupuesto y la adopción de medidas concretas, para que las leyes que tenemos, que son muy buenas, no se queden solo en el papel”, expresó en un artículo de El País Helena Suárez Val, activista e investigadora uruguaya, autora del sitio web Feminicidio Uruguay. En 2012, se despenalizó el aborto. “Para eliminar la violencia por razones de género se requieren cambios culturales estructurales, en los que la educación es clave”, sostuvo. Y se preguntó: “¿Cuánto estamos haciendo por preparar a las personas para una vida social igualitaria?”. Asimismo, insiste en la necesidad de que las leyes locales se traduzcan en medidas reales sostenidas por presupuestos que estén a la altura de la gravedad del tema. “Para lograrlo, es necesario que haya mujeres feministas y hombres con esa perspectiva en lugares de toma de decisión”, aseguró.
Por otra parte, con el cambio de gobierno en 2020, la educación sexual pasó a ser una actividad optativa en la enseñanza media. Un área prescindible.
“La agenda de derechos exige estar alerta porque los riesgos de retroceso siempre están. Se necesitan políticas públicas sostenidas, una ciudadanía activa y producción de conocimiento basado en evidencia”, resumió la psicóloga Alejandra López Gómez.