La estadística da cuenta del crecimiento de un delito que se sostiene a partir de la proliferación de un mercado ilegal que demanda el cobre para fundirlo y –luego– vender ese insumo al sector industrial. Las plantas reduccionistas pagan entre $1000 y $1300 el kilo, lo cual representa «un negocio» interesante para los delincuentes. Los hechos de robo y vandalismo se producen de madrugada, y ese es uno de los factores que dificulta la lucha contra esta transgresión. El otro elemento que favorece el crecimiento de este delito es el vacío legal, puesto que un detenido por robo de transformadores o cables recupera la libertad en poco tiempo. “Hemos tomado muchas medidas de prevención, pero nada alcanza”, explica el gerente de EDEN San Nicolás, Luis Espíndola.
De la redacción de EL NORTE
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La empresa EDEN hizo público –esta semana– un comunicado mediante el cual manifestó “preocupación por el continuo robo de transformadores en la región”. Ese fue el título que la compañía distribuidora de energía en el norte bonaerense eligió para graficar un escenario que comenzó a tomar fuerza en 2018, prepandemia, y que se ha ido extendiendo a partir de la coordinada tarea que cumple cada uno de los eslabones de esta cadena delictiva.
“En toda nuestra zona operativa, estimamos que se roban un transformador por día”, explica el gerente de EDEN San Nicolás, Luis Espíndola. “Hemos tomado muchas medidas de prevención, pero nada alcanza”, cuenta Espíndola.
En este distrito hay distribuidos unos 500 centros de transformación, algunos aéreos y otros subterráneos, que son parte de una red que permite distribuir energía a los 55.570 usuarios que tiene EDEN en San Nicolás.
La mayor parte de los robos y hechos vandálicos sobre los transformadores se producen en zona rural, donde el poco movimiento y la ausencia de cámaras de vigilancia configuran un escenario ideal para el accionar de los delincuentes. Aunque también se han sustraído transformadores en zona urbana, como el Alberdi y Mendoza y el de Ponce de León y las vías del ferrocarril. El robo de estos artefactos tiene un costo de reposición para la compañía, que puede llegar a los 10 millones de pesos si se trata de los de mayor potencia. Pero también tiene un costo para los usuarios, que deben padecer la interrupción del suministro hasta que se reemplaza el transformador robado. Ejemplo: la sustracción del transformador ubicado en Ponce de León y las vías afectó a unos 300 usuarios.
“Hemos procedido a reforzar las soldaduras de las bulonerías que sostienen a los transformadores, pero [los delincuentes] operan de madrugada y en zonas de poco tránsito, con lo cual tienen tiempo para trabajar tranquilos”, explica Espíndola.
“Una de las zonas más afectadas es el corredor de RN 9, en dirección a Ramallo. Allí no solo se roban transformadores sin, además, muchos equipos de riego. Los productores de la zona se han organizado, y están en permanente contacto con Policía Rural. Incluso implementaron un sistema a partir del cual se notifican entre ellos de cada situación sospechosa. Pero nada es suficiente”, sostiene el gerente de EDEN San Nicolás.
En este distrito hay distribuidos unos 500 centros de transformación, algunos aéreos y otros subterráneos, que son parte de una red que permite distribuir energía a los 55.570 usuarios que tiene EDEN en San Nicolás.
La vida por el cobre
El primer eslabón de esta cadena delictiva es, precisamente, la persona que procede al robo del transformador. Entre ellos hay quienes tienen conocimiento de los riesgos que supone manipular electricidad. Son los más «calificados», digamos. Pero también hay sujetos sin entendimiento alguno de cómo funciona una red eléctrica. Estos últimos son los más arriesgados. A punto tal que en 2023 murió un hombre, en San Nicolás, intentando robar cables.
El botín de estos robos es, claro, el cobre, un metal de alta propiedad conductiva. Pero, a modo de intento de combatir este delito, EDEN y otras distribuidoras han procedido a instalar transformadores de aluminio, un metal con menos propiedades conductivas que el cobre pero que puede cumplir la misma función. “Se los roban igual”, asegura Luis Espíndola. Hay un dato que puede resultar gracioso si no fuera dramático el escenario: en los transformadores de aluminio se les advierte a los ladrones que ese equipo no contiene bobinado de cobre, sino, precisamente, de aluminio. Una manera de desalentar un delito para el cual existen penas muy leves. Ese es uno de los factores que favorecen la evolución de este mercado ilegal. EDEN S.A. presenta denuncias, y en algunos casos se logra aprehender al delincuente, que no demora demasiado en recuperar la libertad y «volver al negocio». “Que yo recuerde, no hay un solo condenado” por este delito, afirma Espíndola.
La empresa ha avanzado en reuniones con las fuerzas de seguridad, autoridades municipales y de fiscalía para –en conjunto– trabajar en las soluciones. “En la zona urbana la situación está más controlada por el monitoreo municipal. De hecho, se roban mucho menos transformadores. Antes se sustraían los que alimentan las bombas de agua. En la zona periférica, en cambio, la situación es más complicada. La policía hace lo que puede. Dispone rondas, y va a los lugares que le señalamos como más factible. Pero los ladrones siempre se las ingenian”, insiste Espíndola.
El robo de estos artefactos tiene un costo de reposición para la compañía, que puede llegar a los 10 millones de pesos si se trata de los de mayor potencia. Pero también tiene un costo para los usuarios que ven afectado el suministro.
La ruta
Está claro que este tipo de delito no se va a extinguir si la única estrategia es sorprender al ladrón in fraganti. Para combatir este mercado también se requieren acciones sobre el resto de la cadena delictiva.
Entonces, es de sentido común ir por el segundo eslabón de esta cadena delictiva. El de los talleres de fundición, donde se compra el cobre robado para –luego– fundirlo y venderlo como insumo al sector industrial.
Se estima que los talleres pagan el cobre robado entre $1000 y $1300 por kilo. No son tantos, en San Nicolás, los que pueden realizar el trabajo de fundición. Si se ataca la demanda, la oferta irá desapareciendo progresivamente. Es una de las reglas básicas del capitalismo, que también aplica a los mercados ilegales.
