La difusión masiva de las imágenes de Nicolás Barrios, condenado por graves delitos, frecuentando boliches nocturnos y haciendo wheelie en la costanera, provocó un escándalo y puso en jaque el funcionamiento de los organismos de vigilancia. El Patronato de Liberados de San Nicolás no escapa a la crisis del sistema y tendría solo dos asistentes sociales para efectuar los controles.
De la redacción de EL NORTE
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El escándalo que generó la difusión masiva de los videos, donde puede verse a Nicolás Barrios, que debía estar cumpliendo prisión domiciliaria, asistiendo a boliches de la zona y haciendo maniobras peligrosas con su moto en la costanera nicoleña, puso en evidencia la discrecionalidad y disparidad de criterios con que se otorgan las excarcelaciones y la peligrosa deficiencia de los controles para los presos a los que se concede el beneficio. Barrios había sido condenado a 14 años y seis meses de prisión por tentativa de homicidio y debía ser juzgado nuevamente, tras la anulación del primer debate, por el crimen del policía Mauro Maldonado ultimado cuando custodiaba junto a otros efectivos una vivienda en barrio Las Mellizas, en 2018. Las tres personas condenadas junto a Barrios también mantuvieron arresto domiciliario, a pesar del alto monto de la pena y de que familiares de las víctimas denunciaran que ninguno de ellos cumplía con las reglas impuestas por la Justicia para su excarcelación. Solo a uno se lo habían revocado con anterioridad por otro hecho. Ante las pruebas Barrios volvió a la cárcel, pero los otros dos, según afirman los acusadores, seguirían violando el arresto domiciliario. La situación plantea, entre otros, un interrogante fundamental; por un lado a quién le corresponde controlar que los presos que obtuvieron el beneficio cumplan realmente con la restricción a la libertad, y por otro de qué manera y con qué frecuencia se realizan. Para aquellos que cuentan con un dispositivo de seguimiento, el método utilizado es el de una pulsera electrónica y su respectivo módem ubicado en el domicilio que debería estar monitoreado conectado a la red del Centro Penitenciario y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para aquellos que no cuentan con ese sistema, porque la cantidad de dispositivos no alcanzan o por cualquier otra razón, el control debe ser efectuado por el Patronato de Liberados.
El Patronato de Liberados
Este organismo tiene una doble función: controlar y asistir. Su actividad es fundamental en el momento en que una persona privada de su libertad se prepara para salir de la cárcel y debe reconectarse con el mundo exterior o cuando fueron excarcelados y cuentan con prisión domiciliaria o libertad asistida. De ellos dependería además, en gran parte, que la reinserción social sea posible. Tienen un origen casi religioso, ya que antes los presos cuando salían quedaban a cargo de los curas. Son organismos del Estado dedicados a supervisar y acompañar a los privados de la libertad en las salidas transitorias, la libertad condicional o asistida, y también se encargan de realizar los informes socioambientales cuando una persona está en condiciones de ser liberada para indagar sobre el ambiente en el que va a vivir. Deben controlar el cumplimiento de las reglas de las libertades condicionales junto con los jueces, la conducta de quienes fueron condenados y su pena quedó en suspenso, el cumplimiento de las “probations” y la inspección y vigilancia de quienes estén cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria. El organismo también debe encargarse de proporcionar asistencia social eficaz para “las personas que egresen de establecimientos penitenciarios por el programa de libertad asistida, libertad condicional o agotamiento de pena, generando acciones que faciliten su reinserción social, familiar y laboral”, prescribe el texto de la Ley 27.080.
Las utópicas disposiciones prescriben que en “los primeros días de libertad, el Patronato debe asistir al liberado y a su familia, ayudándolo a trasladarse al trabajo y regresar, como también brindarle asistencia económica para los primeros días de libertad. Debe garantizarles el acceso a la educación, salud, vivienda y empleo. Tiene como propósito básico la prevención del delito a través de la inclusión social, trabajando a fin de superar la vulnerabilidad social y económica y el goce efectivo de los derechos en condiciones de igualdad y de no discriminación” conforme se señala en la página web oficial.
Pero la realidad es que no tendrían presupuesto suficiente para llevar a cabo un objetivo tan ambicioso. La interacción con el Servicio Penitenciario bonaerense es casi nula. Los juzgados no tienen herramientas para controlar porque tampoco tienen presupuesto suficiente y no contarían con la cantidad de tobilleras electrónicas necesarias. La actividad de reinserción social sin recursos, contactos y oportunidades es casi nula. La Ley 12.256 de Ejecución Penal bonaerense recomienda una cantidad de un trabajador social cada 30 liberados. En este momento en la provincia habría 80 por cada uno.
Según el último informe elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria respecto de la provincia de Buenos Aires, hay aproximadamente 407 personas encarceladas cada cien mil habitantes, que se encuentran en instituciones como comisarías, alcaidías y cárceles y 34 con arresto domiciliario.
En noviembre de este año, el total de personas asistidas en la provincia era de 44.348, de ellas 9527 son pospenitenciarias conformadas por 1852 individuos con libertad asistida, 2838 con libertad condicional y 4837 por otras razones. En cuanto a las asistidas no penitenciarias, en la provincia hay un total de 33.922 personas, 14.922 por juicio a prueba, 19.070 por condena condicional y por otras causas 829.
Situación en San Nicolás
El Patronato de Liberados de San Nicolás pertenece a la región 10, se encuentra ubicado en Garibaldi 151y su director desde febrero de 2023 es Javier Molina, quien está a cargo de las Departamentales de San Pedro, Pergamino, Junín, Lincoln y San Nicolás.
La situación actual en nuestra ciudad en cuanto a la cantidad de asistidos, las labores de seguimiento que realizan y la capacidad operativa con la que cuentan para cumplir la función asignada es una información protegida por un fuerte hermetismo. Desde la redacción de este diario se han realizado infructuosas gestiones desde el mes de octubre para obtener datos acerca de la labor llevada adelante y de la cantidad de asistidos que tienen bajo su control y cuidado. Se concretaron más de seis visitas al organismo, una reunión con su director, quien solicitó que la entrevista fuera remitida por escrito y a través de correo electrónico. La recepción de la misiva fue confirmada unos 15 días después de haber sido enviada y hasta el momento no se obtuvieron respuestas a la requisitoria presentada a pesar de la insistencia del pedido de informes, lo que pone de manifiesto una inexplicable actitud por parte de quien conduce un organismo tan sensible a los reclamos sociales actuales.
Extraoficialmente, a través de profesionales del derecho penal, trascendió una grave situación que compromete el correcto funcionamiento del Patronato. La información obtenida da cuenta de que solo estarían en condiciones de efectuar la totalidad de los controles domiciliarios dos asistentes sociales que trabajan de lunes a viernes de 8.00 a 16.00, porque fuera de ese lapso no cuentan con protección de la aseguradora de riesgos del trabajo (ART), por lo que están obligadas a no trabajar fuera de esos horarios. También se supo que desde el organismo no trabajan de manera coordinada ni brindan información a las fuerzas policiales, por lo que éstas no cuentan con datos que les permitan a sus agentes conocer cuándo realizan un control, si están ante una persona que se encuentra violando el cumplimiento de arresto domiciliario o alguna otra restricción. Todas estas circunstancias hacen que el sistema sea altamente vulnerable y que quienes cuentan con restricciones a la libertad por graves delitos puedan circular libremente y transgredir el sistema sin ser detectados ni controlados.
