Diversas organizaciones de la sociedad civil alertaron que la procuradora fiscal adjunta “reconoce la legitimación de un grupo de ciudadanos para representar a las señaladas ‘personas por nacer'”, una interpretación que “no tiene respaldo en la jurisprudencia”.
De la Redacción de EL NORTE
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Un grupo de organizaciones de la sociedad civil advirtió sobre la “gravedad” de dos dictámenes de la Procuración General de la Nación que le reconoce legitimación a un grupo de ciudadanos y a una asociación civil para actuar en representación de los derechos del “colectivo de personas por nacer”, y sostuvo que, ahora, la Corte Suprema de Justicia tiene la “oportunidad de frenar el litigio infundado” contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), “clave para millones de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar”.
Se trata de un pronunciamiento firmado por las organizaciones Amnistía Internacional Argentina, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y Fundación Mujeres x Mujeres, a raíz de dos dictámenes que fueron firmados en la última semana por Laura Monti, procuradora fiscal adjunta de la Procuración General de la Nación en relación a la IVE.
En ellos, indicaron las ONGs, la procuradora fiscal adjunta “reconoce la legitimación de un grupo de ciudadanos y una asociación civil para representar a las señaladas ‘personas por nacer’ ante el Poder Judicial”, una interpretación que -señalaron las organizaciones- “no tiene respaldo en la jurisprudencia” .
CAUSAS
“Ningún tribunal ha reconocido en una sentencia definitiva la posibilidad de representar colectivamente a las ‘personas por nacer'”, advirtieron las ONGs a través de un comunicado de prensa conjunto.
Monti emitió esos dictámenes en dos causas: una liderada por Cristina Fiore Viñuales y otra por la organización Portal de Belén.
“En ambos casos, si bien afirma seguirla, Monti se aparta de la jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre representación colectiva. También en las dos causas, las partes peticionantes buscan convertir en un ‘caso’ (para discutirse en los tribunales de justicia) lo que en verdad es una disconformidad general con la ley”, detallaron las organizaciones.
