Un grupo de madres y abogados del fuero de Familia denunció hoy al Gobierno de Corrientes por la retención de cuotas alimentarias que a principio de mes debieron acreditarse en cuentas judiciales de hijos e hijas de empleados estatales y que fueron descontados de los salarios, informaron fuentes judiciales.
“Es un acto de violencia hacia las mujeres, que deben afrontar junto a sus hijos los gastos de la crianza, agravado por el actual cuadro de inflación, sin que el Gobierno de Corrientes brinde respuestas por los fondos que retuvo a miles de empleados estatales”, dijo a Télam el abogado querellante Rodrigo Godoy.
Al respecto, el profesional explicó que los montos salariales descontados a fines de noviembre de los salarios de los empleados estatales que deben pagar una cuota alimentaria, no fueron depositados en las cuentas judiciales de sus hijos e hijas y que son administrados por sus progenitoras o tutoras legales.
Transcurridos 13 días del mes de diciembre, las personas damnificadas junto a un grupo de abogados se dirigieron este miércoles a la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac), a fin de que la fiscalía en turno tome el caso e investigue las causales de esta demora.
Esta acción se complementará mañana con un escrito en la Ufrac, con el objetivo de unificar las demandas y realizar una acción colectiva, mientras que, en paralelo, otro grupo de abogados amplió sus planteos a través de los expedientes que se tramitan en el fuero de Familia, explicó Godoy.
De acuerdo con una estimación proporcionada por las autoridades provinciales que atendieron el caso, el ministerio del gabinete provincial con mayor cantidad de casos de retenciones salariales por cuotas alimentarias es el de Seguridad, con 1.800 cuentas.
“Tenemos precisiones sobre casos que se repiten en esa área, así como en Salud, Obras Públicas, el Registro Civil, entre otras y que en cada caso se repiten los padecimientos de miles de chicos y chicas cuyas madres entraron en mora para el pago de alquileres y otros gastos, así como las dificultades de afrontar la manutención diaria”, indicó el portavoz del grupo.
Según dijo a Télam, al no registrarse el impacto de los depósitos en las cuentas judiciales, los reclamos se dirigieron en primer término a los juzgados de Familia que dictaminaron las cuotas, pero luego se trasladó a cada área laboral de la Administración Provincial correntina, donde derivaron la gestión a la Tesorería General.
Sin embargo, la Tesorería respondió por escrito que las retenciones son efectuadas por cada ministerio donde se desempeñan los asalariados y que las partidas presupuestarias, que incluyen los montos salariales de noviembre, estaban ejecutadas.
A su vez, otras fuentes del grupo de personas afectadas por la demora en los pagos expresaron su preocupación por la mora que habilita la vía de inscripción en el registro de deudores alimentarios.
