El paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en alerta máxima a los estatales referenciados en ATE y fue recibido con inquietud y cautela por parte de la CGT.
El paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, fue recibido con inquietud y cautela por parte de la CGT en tanto que puso en alerta máxima a los estatales referenciados en ATE. En este último sector avizoraron un fin de año de plena conflictividad con la caída inminente de por lo menos 10 mil contratos en la administración pública nacional.
En cambio, en la central obrera fue mayoritario el silencio y una actitud de espera por entender que los recortes y ajustes en el gasto público no irán -al menos en lo inmediato- en desmedro de los resortes de poder de los sindicatos tradicionales.
La actitud moderada de la CGT es la respuesta inicial a un encuentro que su “mesa chica” mantuvo luego de la segunda vuelta con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la que el funcionario buscó llevar calma a los gremialistas. En esa oportunidad les indicó que las medidas entonces en preparación no incluirían un freno a las paritarias, un daño económico deliberado a las obras sociales ni una alteración de la ley de Asociaciones Sindicales que les garantiza exclusividad en la representación de los trabajadores en negociaciones y conflictos. Hasta anoche los anuncios parecieron mantenerse bajo esas premisas.
“El discurso fue incompleto y poco claro, sólo mostró definiciones que alteran el nivel de inflación y profundizan la desazón y la pobreza sin una luz de esperanza. También generan incertidumbre en lo financiero y en lo económico”, dijo Gerardo Martínez, responsable de Internacionales en la CGT y jefe del gremio de la construcción (UOCRA). El dirigente evitó anticipar posibles reacciones en la central obrera y dijo que de momento “se analizarán las medidas”.
En la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario de empleados estatales, por caso, anoche no hubo declaraciones formales ni una preocupación manifiesta por parte de su dirigencia. La respuesta a las consultas sobre la presentación de Caputo fue que en los próximos días se analizarán las consecuencias en detalle y que no surge de lo expuesto una afectación de derechos adquiridos hacia el personal de planta permanente ni los transitorios que gozan de varias de las prerrogativas de los estables.
En cambio, la contestación fue de total preocupación y beligerancia en la Asociación de Trabajadores del Estado, tanto en su versión nacional como en la seccional porteña. Rodolfo Aguiar, el recientemente electo secretario general del gremio a nivel país, avisó que este jueves convocará a un plenario “de todas las provincias” para resolver un curso de acción frente a los anuncios.
“Esta devaluación de 118% es un ajustazo que liquida los sueldos de los trabajadores y de los jubilados; los tomaron por asalto, mientras que a la casta ni se la tocó. No vamos a aceptar un congelamiento salarial”, advirtió Aguiar. El dirigente anticipó, además, “un reclamo de reapertura inmediata de paritarias”. Y completó: “esta gente dice que vino a evitar una catástrofe pero lo cierto es que en enero y febrero vamos a estar en el peor de los infiernos”.
Por su parte, Daniel Catalano, de ATE Capital Federal, sostuvo que los recortes anunciados en el Estado “no resuelven nada” y planteó su preocupación por la suerte de “las personas con discapacidad y trans que entraron al sector público este año como consecuencia de cupos establecidos por ley” y que, según lo anunciado por Caputo, verán caer sus contratos el 31 de diciembre.
