El déficit habitacional atenta contra la posibilidad de las mujeres en situación de violencia de desvincularse. “El ser madres actúa como un condicionante: se pospone la decisión personal de cortar con la violencia o por el contrario, el escenario violento familiar precipita la decisión de comenzar una ruta crítica”, señala el informe del Cesc, la Secretaría de Género y DD.HH. de Rosario, la OVD de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Red de Esperanza y Solidaridad.
De la Redacción de EL NORTE
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La investigación “Indicadores de Riesgo en Violencia de Género” que en los últimos dos años llevó adelante el Centro de Estudios Sociales y Culturales (Cesc) conjuntamente con Secretaría de Género y Derechos Humanos de Rosario, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD) y la Red de Esperanza y Solidaridad advierten que la pobreza agudiza la problemática de la violencia de género. El déficit habitacional atenta contra la posibilidad de las víctimas de desvincularse. El informe fue presentado en el marco de la agenda de noviembre que tiene programada el municipio y que culminará el próximo 25N, fecha en que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación la Violencia contra la Mujer.
“Vemos cómo se agudizan los casos de mujeres en situación de pobreza que se revinculan con sus agresores, fundamentalmente porque la crisis habitacional se ha profundizado en el último tiempo”, explicó al diario La Capital Mariana Alonso, directora de Atención y Prevención de las Violencias de Género de la Municipalidad de Rosario.
Se trata de un trabajo de exploración sobre los relatos de denuncias realizadas tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en Rosario que permitieron evaluar el riesgo que corrían las víctimas al momento de presentarse a radicarlas. “Cada legajo consultado es una mínima parte de la historia de vida de una persona, por lo tanto conlleva una particularidad que la hace única”, señala el informe.
Justamente sobre esas historias de vida y sus similitudes construye los indicadores sobre las formas de agresión y el leguaje que se dan en las formas de los vínculos violentos y que se repiten en un alto porcentaje. Para construir esas variables que Alonso analizó, en el caso de Rosario se trabajó sobre el universo de mujeres entrevistas en el servicio de atención municipal a lo largo de 2018.
Se trata mayoritariamente de mujeres de entre 31 y 40 años (48 %), y de 18 a 30 (33 %), de las cuales mayoritariamente son madres al momento de presentar la denuncia por violencia. Sólo el alrededor del 10 por ciento declara no tener hijos al momento de pedir ayuda, un dato que las especialistas en el abordaje de estas situaciones también analizan como un factor “condicionante”.
“El ser madres actúa como un condicionante: se pospone la decisión personal de cortar con la violencia o por el contrario, el escenario violento familiar precipita la decisión de comenzar una ruta crítica”, señala el informe, que además en el caso de la ciudad reporta un gran número de denuncias por violencia psicológica (94 %), algo que mirado en retrospectiva creció a lo largo de los años, y seguida de la violencia física (48 %).
FALTA DE INDEPENDENCIA ECONÓMICA
“La feminización de la pobreza vuelve más vulnerables a las mujeres, y las expone y condiciona a situaciones de violencia o a la imposibilidad de cesar el vínculo violento por falta de independencia económica”, dije Alonso para desplegar uno de los conceptos “más preocupantes” de los últimos tiempos en relación a la posibilidad de las mujeres de interrumpir sus vínculos con sus agresores.
La directora municipal señaló que “cuando se cruza el dato de pobreza con los datos de violencia se ve que las mujeres están cada vez más vulnerables y condicionadas por esa situación y eso se ve en las asistencias en la cantidad de revinculaciones que tienen con los agresores por necesidades económicas”.
De hecho de las mujeres denunciantes en Rosario, el 25 por ciento son desocupadas, a lo que se suman trabajadoras por cuenta propia o beneficiarias de ayudas sociales, los que las pone en un lugar de total precariedad, lo que se agrava con el hecho de que apenas el 5 por ciento son propietarias de su vivienda. Más aún, la mayoría ni siquiera llegan a ser inquilinas, sino que habitan en espacios “cedidos o prestados”, muestra el informe.
DESIGUALDAD EN EL MERCADO LABORAL
Alonso destacó que “no se puede dejar de hablar de la violencia de género como una problemática cultural en una sociedad patriarcal y cuando decimos que el patriarcado goza de buena salud hablamos, entre otras cosas, de estos condicionamientos que tienen las víctimas y que hacen al aumento de la violencia que vemos” y agregó: “La pobreza aparece en el último tiempo como uno de los condicionantes que más preocupa porque expone cada vez más a las mujeres y eso tiene que ver con la desigualdad persistente en el mercado laboral, porque son las más pobres y precarizadas, porque son las que así y todo cuidan y sostienen el hogar, y esa pobreza las condiciona en su autonomía y capacidad de decisión a la hora de cortar con una relación violenta”.
En ese punto, la directora defendió las “políticas positivas de fortalecimiento” y puntualizó: “Cuando hablamos de programas de transferencia económica y de capacitaciones y de inserción laboral, justamente hablamos de estrategias positivas para reducir la violencia y no de políticas aisladas”.
INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
La directora municipal explicó que la mayoría de los casos sobre los que se trabaja “son denuncias que no son de violencias nuevas, sino de hechos preexistentes donde el agresor incumple las medidas de protección” sobre las mujeres. El informe muestra que en Rosario, mucho más que en Buenos Aires, esas medidas de protección son incumplidas.
Mientras que en registro de los datos de Ciudad de Buenos Aires de la OVD sólo el 24 por ciento cumple esa medida judicial, en Rosario de acuerdo a los enunciados de las víctimas registrados por las acompañantes del servicio municipal ese número cae al tres por ciento.
Aunque Alonso aclaró que “esas son cifras sólo de casos abordados a través del Teléfono Verde”, deja en claro que “tanto los servicios de atención como la administración de Justicia funcionan sobre las bases de un patriarcado dominante donde el agresor naturaliza y legitima la violencia que ejerce, y se siente impune”. “Es necesario trabajo de desnaturalización y prevención de la violencia que debe darse desde los organismos del Estado porque la asistencia a las víctimas no es suficiente Todo eso debe fortalecerse todavía más en los contextos de pobreza de las mujeres, sumar Educación Sexual Integral, (ESI) e incluir además a los varones”.