Hoy lunes 13 de noviembre, el Tribunal Oral 1 de Rosario empezó a juzgar a veinticuatro imputados, entre ellos dos civiles, acusados de los secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de 67 personas, la mayoría militantes sindicales y trabajadores de la siderúrgica dentro de la cual funcionó un centro clandestino.
De la redacción de EL NORTE
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Por primera vez, después de 48 años, sobrevivientes y testigos de los crímenes que cometieron las fuerzas del Estado en Villa Constitución entre 1975 y 1976 asistieron al juicio para juzgar a los responsables. Comenzó a las 9 de la mañana de este lunes 13 de noviembre en los Tribunales Federales de Rosario (Bv. Oroño 940).
Luego de meses –años– donde la comunidad de la localidad ubicada 55 kilómetros al sur de Rosario organizó charlas, marchas, eventos, para dar a conocer de qué se trató la gesta del Villazo, al fin la Justicia atiende el reclamo por juzgar a los responsables de secuestros, homicidios, torturas y desapariciones.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario está integrado por Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci.
El nombre formal de la causa es Acindar, por la empresa donde trabajaba la mayoría de las víctimas, pero es popularmente conocida como Villazo. Esta palabra reúne al menos tres aspectos de la historia: la organización sindical de trabajadores metalúrgicos, la represión feroz coordinada entre el Estado y empresarios y la búsqueda de justicia desde entonces.
Esta causa tiene, además, otro elemento que la distingue de las demás que juzgan este mismo tipo de crímenes: busca romper el piso del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, entendiendo que el plan sistemático de exterminio empezó antes de que los cuarteles tomaran el Poder Ejecutivo.
En respuesta al “Villazo”
La represión empezó el 20 de marzo de 1975 como respuesta a la histórica protesta conocida como el “Villazo”. Los secuestros fueron entre el 20 y el 26 de marzo de 1975 y las privaciones de la libertad se prolongaron luego por meses o años, según los casos.
El juicio investiga las responsabilidades por secuestros y amenazas cometidas contra 50 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios. Los acusados ocupaban distintos roles y además de haber sido integrantes de fuerzas de seguridad, lo novedoso es que se avanza contra responsabilidades empresariales. Como recuerdan los organismos de derechos humanos cada vez: la coordinación represiva se hizo entre miembros del Estado, la Justicia, la Iglesia y también empresarios del sector privado.
Son 25 acusados entre el exjefe de personal de la metalúrgica Acindar en Villa Constitución, un exjefe militar, 21 expolicías federales, un exprefecto y un expolicía santafesino.
Empresarios cómplices
La empresa Acindar aportó listados de personas para que fueran secuestradas y dentro de su planta funcionó un centro clandestino de detención.
En su web oficial, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explica que “la empresa había ordenado a sus operarios que realizaran el trámite para sacar la cédula de identidad de la Policía Federal y que se tomaran fotografías para renovar el carnet de fábrica. Esas fotos terminaron siendo usadas por los militares para identificar a los trabajadores durante los operativos de secuestros y allanamientos”.
En la planta de Acindar funcionaba un destacamento policial e incluso un espacio destinado a los interrogatorios a través de sesiones de tortura. La empresa también puso a disposición medios de transporte para realizar los secuestros.
Los imputados
Roberto Pellegrini, exjefe de personal de Acindar; Roberto Raúl Squiro, Leonardo Dec, Aldo Ramón Gradilone, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdés, Ricardo Antonio Burguburu, Juan Carlos Romero, Osvaldo Esteban Petroli, Carmen Amanda Grossoli de Hellaid, Jorge Argentino Coronel, Raúl Héctor Cerliani, Emilio Hugo Marciniszyn, Roberto Álvarez, Horacio Miguel Nardi, Juan de Jesús Martínez, Jorge Aníbal Lozano Windus, Oscar Roberto Giai, Eduardo Mugica, Juan Carlos Faccendini, Oscar Alberto Vessichio y Bernardino Sambrano, expolicías federales; Antonio Federico Bossie, exjefe de Inteligencia y personal del Área Militar 132, con sede en San Nicolás; Carlos Albareda, exprefecto principal; y Amadeo Chamorro, exoficial de la guardia rural “Los Pumas” de la policía santafesina.
