El Tribunal Oral Federal número dos aceptó revisar la situación del ex militar Eduardo Sánchez Zinny, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, quien goza de prisión domiciliaria para asistir a su hijo mayor de edad que padece una forma de autismo.
“Sin desconocer la afección crónica que presenta el hijo del causante, en función del tiempo transcurrido desde el otorgamiento del arresto domiciliario y con el propósito de establecer si persisten las pautas objetivas que conllevaron a su concesión es que se requerirá a la defensa de Martín Eduardo Sánchez Zinny que, en el plazo de diez días hábiles informe detalladamente los tratamientos que desde el año 2017 a la actualidad realiza” su hijo, dispuso el tribunal.
Además, encomendó a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que elabore “un amplio informe socio ambiental” para determinar “el grupo conviviente; Identificación de las actividades que realiza el causante para con su hijo; Identificación de terceras personas ajenas al grupo conviviente que participan en la atención y/o colaboran en el desenvolvimiento diario”.
El informe deberá establecer “con especial detalle cuál es el rol de Martín Eduardo Sánchez Zinny en los tratamientos, cuidados generales y en la dependencia respecto del hijo tanto para realizar actividades cotidianas como también en el aspecto emocional”.
La medida había sido pedida por la fiscal María Ángeles Ramos y el abogado Pablo Llonto, quien representa a dos de las víctimas de Sánchez Zinny, los periodistas Bárbara y Camilo García.
El año pasado Sánchez Zinny fue condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes (RIM 6) durante la última dictadura cívico-militar.
La condena fue por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios cometidos entre marzo y julio de 1976 contra 37 personas, de las cuales ocho fueron asesinadas o permanecen desaparecidas, entre ellas, la docente Rocío Ángela Martínez Borbolla, madre de ambos periodistas.
El tribunal pidió a los centros médicos en los que se atiende el hijo del represor “que acompañen un informe médico e historia clínica que dé cuenta de la situación actual de salud y tratamiento que realiza”.