Esta semana ingresaron al Concejo Deliberante local el pedido de revisión del boleto del transporte público. Las dos empresas que brindan el servicio dieron sus razones para ejecutar el aumento y ahora deberán negociar con los ediles el porcentaje que se aplicará.
Se trata de las empresas Daniel Martí, que tiene la concesión de la línea Ramallo-Pérez Millán, y la Línea 500, que une la ciudad cabecera con Villa Ramallo. Ambos presentaron una nota de actualización y que se recorten las secciones del boleto.
La empresa de Daniel Martí fundamenta el reclamo en el proceso inflacionario y subsidios provinciales y nacionales que están desactualizados y se cobran con atraso. El empresario recuerda que las tarifas actuales fueron fijadas por la Ordenanza 6677/22 que no preveía estos niveles de aumento en los precios. Según lo que le informaron desde la Cámara de Transportistas habría un atraso de un 302 por ciento en la tarifa.
En tanto, la Línea 500 detalló que “el desequilibrio actual de la empresa de transporte público obedece a años de desatención de nuestra actividad por parte del Estado Nacional. A partir de eso, nos encontramos funcionando con ingresos totalmente insuficientes por las siguientes razones. Actualmente la fórmula polinómica arroja un valor de $522, incluyendo los montos aportados por los estados Nacionales y Provinciales en concepto de subsidios. Pero la realidad es que tenemos que operar con una aparente tarifa de $130”.
Y agregaron: “El verdadero valor de ingreso por cada pasajero es menor debido a la existencia de cuatro secciones que bajan el promedio tarifario dejando la tarifa de ingreso por pasajero en $85. En cuanto a este punto, quisiera destacar que hace años nuestra firma viene planteando a este honorable cuerpo la necesidad de dividir las tarifas en 2 secciones en lugar de cuatro como tenemos actualmente. Hoy más que nunca solicitamos ese acomodamiento que permitiría reducir el impacto de incremento sobre la tarifa plana”, esgrimieron.
Los principales problemas que tienen las empresas transportistas es el incremento del precio del combustible, sumado a una política de subsidios insuficientes y la obligación de pagar los bonos de 60 mil pesos que anunció el Gobierno nacional.
