Avanzan las instrucciones de las causas seguidas a policías y civiles acusados de integrar dos bandas, una dedicada al comercio de drogas y la otra conformada para una asociación ilícita que habría cometido delitos contra la propiedad y la Administración pública. La apertura de los teléfonos móviles podría motivar nuevas detenciones. La defensa de dos de los acusados pide que se distingan las imputaciones.
De la redacción de EL NORTE
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Prosiguen las investigaciones en las dos causas seguidas a policías de la Bonaerense acusados de integrar organizaciones delictivas. Por un lado se estudia el accionar de un grupo de agentes de la fuerza que se habría quedado con parte de la droga incautada en procedimientos para luego comercializarla en la noche nicoleña a través de dos dealers, que además los vincularían con la banda narco de “Las diablas” conformada por las hermanas Leguizamón. Esta causa está radicada en la UFI Nº 1 a cargo de la fiscal Verónica Marcantonio. Los policías imputados son Nicolás Leyes, numerario de la Estación comunal de Arrecifes, el sargento Ángel Rajoy, numerario de la Comisaría Tercera, y Jonatan Reche, oficial subayudante de la Comisaría Segunda. Todos permanecen detenidos en los calabozos federales luego de haber participado el pasado viernes de las audiencias de indagatoria ante la Fiscalía Nº 1 adonde fueron llevados en medio de un fuerte operativo.
Por otro lado también continúa con la toma de testimonios y la realización de pericias en la UFI Nº 14 la instrucción de la otra causa que tiene como imputados a cinco policías y tres civiles, a quienes se los acusa de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer delitos contra la propiedad y la Administración pública. Aunque varias personas más permanecen vinculadas a la investigación, no se produjeron hasta el momento nuevas detenciones. Entre los detenidos por asociación ilícita se encuentran los agentes Lucas Rubén Artioli –acusado de ser el líder de la banda–, Matías Godoy, Claudio Báez, Juan Reynoso y Walter Espinoza. En cuanto a los civiles, sus apellidos serían Gómez, Ponce y Albornoz. Los acusan por hurto, robo agravado en poblado y en banda, privación ilegal de la libertad y contra la Administración pública, ya que habrían efectuado custodias sin la debida registración, sin dar aviso a los superiores, y habrían manejado de manera discrecional las horas adicionales (CORES) trabajadas, a cambio de retornos de dinero.
Teléfonos
La detención de ocho policías involucrados implicó el secuestro de varios teléfonos celulares cuyas pericias serán fundamentales para la causa. Hay que tener en cuenta que los dispositivos son pequeños, pero la cantidad de información que almacenan es muy grande. Ello demanda el uso de recursos humanos, pero también mucho tiempo. La información que revelen esos teléfonos permitirá establecer qué robos a mano armada cometidos por encapuchados y con privación ilegítima de la libertad de las víctimas fueron responsabilidad de esta banda de policías delincuentes. La investigación de estos delitos está en manos del fiscal Patricio Múgica Díaz, quien pudo establecer que la banda estaba conformada por efectivos de la Policía Bonaerense y por civiles, bajo la conducción del exjefe de calle en Ramallo, Lucas Artioli.
Además, habría una gran cantidad de efectivos policiales comprometidos en lo de las horas CORES (Compensación por Recargo de Servicio). Los retornos que les cobraban a quienes les asignaban esas horas de manera discrecional se hacían a través de billeteras virtuales, por lo que “quedaba totalmente registrado” el movimiento de ese dinero.
La defensa
El letrado Agustín Tanús, abogado defensor de dos de los acusados, en diálogo con EL NORTE manifestó su disconformidad con el tratamiento conjunto de los imputados por asociación ilícita. “Si bien los efectivos policiales Claudio Báez y Matías Godoy fueron detenidos en el mismo operativo, realizado por las fuerzas federales, estamos ante dos causas completamente diferentes. Por un lado está la investigación a un grupo por tema de drogas en una fiscalía, y por el otro la que tramita en la UFI Nº 14 a cargo del fiscal Múgica Díaz en la que también, entiendo, hay dos temas que deben ser diferenciados”, expresó el abogado defensor. “Por una parte los delitos cometidos contra la propiedad, asaltos, hurtos, privación ilegal de la libertad, y por otra parte, los fraudes a la Administración pública. No hay ningún indicio que vincule a los policías Claudio Báez y Matías Godoy con robos ni con hurtos, y mucho menos con delitos contra la libertad. No todos deben estar imputados de lo mismo”, manifestó Tanús. “Lo único que vincula a mis defendidos con esta causa es que en el análisis de las comunicaciones de un teléfono incautado el año pasado, están mencionados como prestando protección o custodia privada a un comercio a cambio de dinero y de realizar algún manejo relacionado con las horas adicionales. No hay comunicación con otros integrantes de la banda ni mención de participación en otros delitos. Fiscalía hace una imputación genérica por asociación ilícita pero no correspondería para todos. Lo único que hay respecto de mis defendidos es una mención por coordinar darle protección a un supermercado chino, que tampoco se sabe si se concretó o si solo fue un acto preparatorio que no llega a configurar el delito contra la administración”, explicó el letrado. “Báez y Godoy no tienen vínculo con los otros delitos, y si es así, esperamos que muestren las pruebas porque en la causa no están”, concluyó el abogado Agustín Tanús.
La investigación continúa y varios efectivos más, entre ellos hombres y mujeres, permanecen vinculados a la causa hasta tanto se determine su participación en esta oscura trama de corrupción.
