Santiago Cafiero quiere resolver el conflicto diplomáticamente y entre los socios del Mercosur, mientras que la administración de Santiago Peña busca judicializar el diferendo en el exterior.
La polémica por el cobro del peaje para sustentar obras de dragado que impuso el Estado a las barcazas que transitan la vía navegable que conecta a la región con el mundo no hace más que escalar por las posturas intransigentes de los contendientes.
Días atrás el presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmaba a la prensa de su país, “el tema, “…es un motivo de preocupación, esto no puede ser una disputa, sino un proyecto de integración, yo estoy planteando que nos sentemos los cinco países, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, porque existe un tratado firmado en la década del 60”.
Y agregó: “Creo que tenemos que llamar a una cumbre porque no solo se trata de evitar que ocurra esto, sino de planificar cuál puede ser el proyecto de integración más importante. La bioceánica es importante, pero entre la autopista, los trenes y la Hidrovía, esta última es la más eficiente”.
Por el lado argentino, el canciller Santiago Cafiero explicó el diferendo de manera más coloquial, “..se va a mantener el peaje porque sirve para solventar los gastos que demandan las obras de dragado y mantenimiento del río Paraná”. Y suele graficar, “…si un camión argentino va por una autopista paraguaya, ¿paga peaje o no? Esto es exactamente lo mismo”.
Sin embargo, la querella no hace más que ganar en intensidad con represalias de parte del gobierno paraguayo que amenaza con cortar la provisión de energía eléctrica proveniente de Yacyretá, uno de los temas más sensibles para la Argentina que vive con cortes de suministro eléctrico en temporadas estivales, hasta declaraciones poco amistosas de Peña hacia el ministro candidato Sergio Massa de quien aseguró que “no le compraría un auto usado”, hasta la bizarra declaración de un legislador paraguayo que sugirió iría a la guerra contra la Argentina y habló en el recinto parlamentario de comprar mísiles que apunten a países vecinos.
Más allá del tono dialéctico de la disputa, Paraguay quiere acudir en protesta al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur para resolver esta controversia y no descarta recurrir a un arbitraje internacional para solucionar el conflicto en la Hidrovía por el cobro de peaje.
En ese sentido, Paraguay se siente respaldado por el resto de los socios fundadores del Mercosur, Brasil y Uruguay, y sumó el apoyo de empresarios estadounidenses con intereses en Asunción que llevaron el tema ante las autoridades consulares de los Estados Unidos.
De hecho, empresarios con domicilio en Miami ya solicitaron la intervención del gobierno de Joe Biden para mediar e intentar acercar posiciones.
La Paraguayan American Chamber of Commerce – USA (Usapacc), cámara de comercio norteamericana constituida en Miami, decidió en las últimas horas trabajar el diferendo. Definió hacerlo ante el “escalamiento de tensiones” entre Argentina y Paraguay que generó la medida unilateral e inconsulta adoptada por la administración de Alberto Fernández al imponer a buques paraguayos un gravamen de paso por la Hidrovía.
Ahora bien, si se habla de imposición, unilateralidad y otras formas, indudablemente, los empresarios estadounidenses con intereses en la vía navegable no son todo lo imparciales que la demanda merece.
Lo cierto es que mientras la Argentina atraviesa un proceso eleccionario que configurará su futuro próximo, el gobierno de Peña plantea mantener la presión sobre el actual gobierno argentino a la espera de una nueva administración.
La decisión del gobierno de Alberto Fernández de cobrar un peaje a las unidades que navegan el tramo Confluencia-Santa Fe del río Paraná es un intento por recaudar cerca de 20 millones de dólares para conservar de manera óptima la vía navegable, según los argumentos explicados por los funcionarios del Palacio San Martín, sede de la Cancillería Nacional.
Paraguay es el principal afectado por la medida porque posee el 90% de las embarcaciones que circulan por la Hidrovía y su flota la ha posicionado como la tercera potencia marítima.
Además, goza de un beneficio que otorgó el gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri por el pago de la construcción de la represa binacional.
Cerca de Santiago Cafiero se explica que “…según cálculos que incluyen intereses, por la construcción de la represa de Yacyreta, Paraguay le debe a nuestro país unos u$s 12.000 millones, pero, en 2017, se llegó a un acuerdo donde se fijó la deuda en u$s 4084 millones, que se pagaría en 20 años con 10 de gracia”.
Analistas de comercio exterior coinciden en señalar que la solución llegará con un nuevo gobierno.
De esta manera se abre un tiempo de espera hasta fin de año, las elecciones en Argentina serán el 22 de octubre, con una eventual segunda vuelta el 19 de noviembre y el 10 de diciembre asumirá el sucesor de Alberto Fernández, acerca de un tema que en términos monetarios se cuantifica de la siguiente manera según la resolución ministerial, “la tarifa de peaje para el tramo Puerto de Santa Fe – Confluencia (Sección II) es de u$s 1,47 por Tonelada de Registro Neto (TRN) para el transporte internacional y de $ 1,47 para el transporte de cabotaje”.
Para los integrantes de la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP), entidad que reúne a los usuarios de la vía navegable de los cinco países signatarios del Acuerdo, es un cargo innecesario que deben abonar los privados porque “las condiciones hidromorfológicas del río en el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia”, por sus profundidades naturales, permiten la navegación segura de las embarcaciones a 10 pies de calado, durante las 24 horas, sin necesidad de intervenciones de dragado. Por otra parte, con la tecnología disponible tampoco resulta necesaria la provisión del servicio de balizamiento en ese sector”.
Según estimaciones realizadas por representantes del sector privado, representa un costo adicional para el comercio exterior de los países miembros del Acuerdo, del orden de 40 millones de dólares anuales, sin contraprestación alguna.
Sin embargo, para Miguel Ángel Padilla, representante de la Unión Industrial Argentina (UIA), “es una tasa que se cobra como contraprestación de un servicio, en este caso el dragado y el balizamiento de la ruta fluvial”
Así como el sindicalista del sector, Juan Carlos Schmid, afirmó, “si hay servicios, hay que pagarlos acá y en cualquier lugar del mundo”.