A pesar de la prohibición de alojar detenidos en calabozos policiales, la escasez de cupos en las cárceles y alcaidías hace que la normativa sea de imposible cumplimiento. En San Nicolás la única dependencia que está habilitada para tal fin es la Comisaría Primera, que tiene capacidad para 12 personas. Fuentes extraoficiales confirmaron a EL NORTE que allí se encuentra privada de la libertad el doble de sujetos, y en lugares no habilitados para ser alojados.

De la redacción de EL NORTE
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Aunque la cantidad de presos alojados en los calabozos policiales bonaerenses está por debajo del máximo histórico, las comisarías de la provincia de Buenos Aires tienen en promedio un 197 %, casi el doble, de la cantidad máxima de presos permitida.
En rigor de verdad no deberían alojar detenidos conforme a lo dictaminado por la Corte en el fallo Verbitsky. Esta decisión emitida en 2005 junto a otras importantes resoluciones ordenó el cierre de calabozos, la creación de alcaidías para alojar a las personas procesadas y aún no condenadas, y además dispusieron que nadie puede estar más de 48 horas detenido sin que sea liberado o se les dicte prisión preventiva y sean llevados a alcaidías.
En San Nicolás la única dependencia que está habilitada para alojar a detenidos es la Comisaría Primera, que tiene una capacidad de 12 personas, y aunque la cantidad exacta actual no fue informada oficialmente, fuentes extraoficiales confirmaron a EL NORTE que la realidad no escapa a la media provincial que indica que no solo la sobrepoblación duplica a la permitida, sino que además los apresados se encuentran en lugares no habilitados para alojarlos.
El resto de las comisarías tienen sus calabozos clausurados aunque, ante la imposibilidad de llevarlos a otro lugar, igual deben admitir detenidos. Respecto de las dependencias de la DDI existe un habeas corpus vigente que le impediría alojar a presos. De todas formas, de manera paradójica es la misma Justicia la que le ordena hacerlo por no tener cupo en otros lugares. “Clausuran por un lado, no asignan otro lugar y tampoco podemos liberarlos”, explicaron desde un organismo policial. En la Unidad Penal Nº 3 de San Nicolás hay 982 internos cuando su capacidad es de 350, alrededor de 265 % más de lo aconsejado.
En malas condiciones
El defensor oficial Julián Domínguez, consultado acerca de la problemática, manifestó a EL NORTE: “El tema de la sobrepoblación y la detención en lugares no habilitados es una realidad también en nuestra ciudad. Hay varios recursos y habeas corpus que hemos presentado desde la Defensoría en su momento”.
“Los calabozos en las comisarías no cumplen con las condiciones necesarias para alojar a los detenidos, pero lo cierto es que todo el sistema, tanto policial como penitenciario, está saturado. Hace años que existe esta situación donde hay cuestionamientos, se clausuran los calabozos, pero está la imposibilidad de llevarlos a otro lugar. También se realizaron tratativas hace un tiempo para que la unidad penal local tuviera un lugar para las detenciones transitorias”, explicó Domínguez.
“Hay múltiples acciones presentadas respecto de los estados en los que se encuentran los calabozos, y eso implica su clausura y la imposibilidad de que haya detenidos allí. Muchas veces los terminan trasladando a otras localidades para que puedan estar en condiciones un poco mejor”, concluyó el defensor oficial Julián Domínguez.
Crisis carcelaria
Uno de los temas desarrollados en las últimas Jornadas de Actualización para la Magistratura Penal Bonaerense, que se llevó a cabo en San Nicolás los días 25 y 26 de agosto, fue la situación de encierro, superpoblación carcelaria y especialmente la problemática de los detenidos en las comisarías bonaerenses.
La realidad muestra que la prohibición de alojar presos en comisarías no puede cumplirse debido a la falta de cupos en las cárceles de la provincia que también están superpobladas y a las pocas alcaidías existentes.
La disertante Cecilia Boeris, defensora oficial de Mar del Plata, sobre el tema indicó que la sobrepoblación carcelaria y consecuentemente la de las comisarías se explica, entre otras cosas, por un abuso de la prisión preventiva que debería ser el último recurso en un proceso penal, el aumento de pena para algunos delitos y la falta de jueces debido a la gran cantidad de vacantes. “No hay manera de que se controle la ilegitimidad de las detenciones cuando el sistema está saturado en su capacidad”, subrayó Cecilia Boeris en su exposición.

