Se trata de la histórica revuelta feminista en el país asiático. Durante el último año, el régimen iraní cometió crímenes de derecho internacional, incluidos cientos de homicidios ilegítimos, ejecuciones arbitrarias y detenciones masivas.
“La comunidad internacional debe buscar vías de justicia en el plano internacional a fin de abordar la impunidad sistémica de los funcionarios iraníes responsables de cientos de homicidios ilegítimos de manifestantes y de torturas generalizadas”, declaró esta semana Amnistía Internacional, cuando se cumple un año del levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad”.
A lo largo del año pasado, las autoridades iraníes cometieron un sinfín de crímenes de derecho internacional para erradicar cualquier desafío a su férreo control del poder. Se trata de cientos de homicidios ilegítimos, la ejecución arbitraria de siete manifestantes, decenas de miles de detenciones arbitrarias, tortura generalizada —incluida la violación bajo custodia—, el hostigamiento generalizado de familiares de víctimas que exigen verdad y justicia, y represalias contra mujeres y niñas que cuestionan la legislación discriminatoria que impone el uso obligatorio del velo.
En el primer aniversario de la muerte bajo custodia de Mahsa/Zhina Amini, Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África indicó que aún no se investigó penalmente —y aún menos se ha enjuiciado y castigado— ni a un solo funcionario por los delitos cometidos durante y después del levantamiento.
“VIGILANCIA DE LA MORALIDAD”
“Las autoridades iraníes llevan un año imponiendo una crueldad indescriptible a la población de Irán que, con valentía, se atreve a cuestionar décadas de represión y desigualdad. Este aniversario recuerda la necesidad de aplicar el principio de jurisdicción universal e iniciar investigaciones penales de los crímenes cometidos. Desde el sur global nos solidarizamos con las mujeres iraníes y les recordamos que no están solas, que seguimos luchando por las niñas y mujeres de todo el mundo sin importar la hostilidad a la que nos enfrentemos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En el último año, las autoridades iraníes emprendieron un ataque despiadado contra los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Pese a que la detención arbitraria y muerte bajo custodia de Mahsa/Zhina Amini desencadenó protestas contra la legislación iraní que impone el uso obligatorio del velo que se prolongaron durante meses, las autoridades han restablecido la vigilancia de la “moralidad” y adoptado una batería de otras medidas que vulneran los derechos de las mujeres y las niñas que desafían la obligatoriedad del velo. Entre ellas están la confiscación de automóviles y la negación del acceso al empleo, la educación, la atención a la salud, los servicios bancarios y el transporte público. Simultáneamente, han procesado y condenado a mujeres a penas de prisión, multas y castigos degradantes, como lavar cadáveres.
Este ataque a los derechos de las mujeres se produce en medio de una oleada de declaraciones oficiales cargadas de odio en las que la elección de no llevar velo es tildada de “virus”, “enfermedad social” o “trastorno”, y equiparada a un “acto de depravación sexual”.
Asimismo, las autoridades están elaborando una nueva legislación que impondrá penas aún más severas por desafiar la obligación de llevar velo.
RECLAMO INTERNACIONAL
Las autoridades se han negado a llevar a cabo investigaciones exhaustivas y no han tomado ninguna medida para hacer rendir cuentas a los presuntos responsables penales. Por el contrario, han aplaudido a las fuerzas de seguridad por reprimir el estallido y han protegido a los funcionarios frente a la rendición de cuentas, incluidos dos agentes que admitieron haber violado a mujeres manifestantes en Teherán. También han desestimado denuncias de víctimas o de sus familias, a quienes han amenazado con la muerte u otros daños si seguían adelante con sus denuncias.
Amnistía Internacional tomó con satisfacción el establecimiento de una misión de investigación sobre Irán por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre de 2022, aunque consideró que ‘se requieren muchas otras medidas para combatir la crisis de impunidad por los graves crímenes cometidos en Irán y para impedir que se produzcan nuevas oleadas de derramamiento de sangre’. Instó a ‘todos los Estados a que consideren ejercer la jurisdicción universal y otras jurisdicciones extraterritoriales en relación con los crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de los derechos humanos cometidas por las autoridades iraníes, con independencia de que las personas acusadas estén presentes o no en su territorio. Los Estados también deben contribuir a que las víctimas obtengan reparación’.
