Eduardo Viale, titular del Juzgado de Trabajo de San Nicolás, resolvió habilitar la fábrica de agroquímicos radicada en Ramallo que había sido clausurada. El magistrado entiende que la empresa puso en regla los permisos ambientales que le faltaban. Los demandantes lo negaron y apelaron el fallo.
De la redacción de EL NORTE
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La clausura que la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso contra la fábrica de agroquímicos Prochem Bio SA fue levantada por un juez de primera instancia de San Nicolás, quien dio por adecuadas las irregularidades que presentaba la empresa en materia ambiental. La sentencia fue apelada por la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (Fomea) que reclamó el incumplimiento de la “participación ciudadana”, una de las garantías requeridas para ese tipo de habilitación que expresamente mencionan en su fallo los miembros de la Corte.
La sentencia apelada fue dictada por el Tribunal de Trabajo N° 2 de San Nicolás que levantó el cese de actividad industrial que pesaba sobre Prochem Bio SA –una fábrica de biocidas, insumos textiles y biodiesel ubicada en Ramallo– al dar por cumplidos los requisitos que había impuesto el Máximo Órgano Judicial de Buenos Aires.
Los ministros Hilda Kogan, Daniel Soria, Luis Genoud y Sergio Torres habían votado por unanimidad clausurar la planta industrial hasta que la misma regularice su situación porque no cumplía con normativas ambientales dispuestas para evitar posibles escenarios que impliquen riesgo de daño ambiental y a la salud pública.
Para ello la firma debía acreditar la obtención de permisos y certificados emitidos por la Autoridad del Agua y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; pero además cumplir con los mecanismos legales de audiencias públicas y participación ciudadana donde los vecinos pueden ejercer su derecho a expresar posición.
Según Fomea, las irregularidades no fueron saldadas en su totalidad y por eso recurrieron el fallo ante la Cámara de Apelaciones solicitando que se suspenda la habilitación de la agroquímica y se ordene “el adecuado cumplimiento” de lo que dictaminó la Corte.
En especial le cuestionaron al juez Eduardo Viale (presidente del Tribunal de Trabajo) haber permitido que la empresa recupere su actividad industrial sin garantizar la “participación ciudadana”, un derecho de máxima jerarquía con raigambre constitucional, reconocido por la ley ambiental Argentina, ratificado por el Acuerdo de Escazú y expresamente mencionado por la Corte Suprema como requisito a cumplimentar.
Tercera categoría
Prochem Bio SA es una industria de tercera categoría, es decir, que para funcionar debe obtener una serie de permisos especiales cuya función es evitar riesgos que puedan provocar daños graves a la población y al medio ambiente.
Según la denuncia realizada por Fomea en 2015, la firma elaboró productos químicos y agroquímicos (insecticidas, fungicidas y herbicidas) sin permisos ambientales por lo que además de la causa civil iniciaron una investigación penal. Intentan determinar si existe responsabilidad de sus directivos en presuntos hechos de contaminación ambiental que puedan afectar la salud pública y la calidad de las aguas del arroyo Ramallo, que desemboca en el río Paraná.
