Mientras el Juzgado de Garantías resuelve el pedido de elevación a juicio, Mónica Goyarzú y Marcela Moriconi buscan mejorar la situación procesal en la causa que se les sigue por estafas reiteradas devolviendo parte del dinero habido de manera ilegal. El fiscal adelantó que se opondrá a un eventual pedido de prisión domiciliaria.
De la redacción de EL NORTE
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La requisitoria de elevación a juicio fue presentada a mediados de agosto luego de que el fiscal Julio Tanús, a cargo de la causa, concluyera la instrucción con el resultado de las últimas medidas de pruebas solicitadas que fueron las pericias caligráficas. Tras una minuciosa labor de fiscalía, se reunieron los indicios suficientes como para avalar el pedido de enjuiciamiento de Mónica Goyarzú y Marcela Moriconi como principales imputadas por el delito de estafas reiteradas y de Walter Landolfo, quien habría tenido algún grado de participación en los hechos delictivos. Ambas mujeres se encuentran con prisión preventiva alojadas en la UP3 a pesar de presentar reiterados pedidos de arresto domiciliario que les fueron rechazados. En esos pedidos las imputadas, buscando mejorar su situación procesal, habían ofrecido un acuerdo de pago cuya primera etapa habría comenzado a cumplirse la pasada semana. Consultado el fiscal Julio Tanús al respecto, manifestó que tenía conocimiento de esta situación pero que hasta ahora no se había agregado nada a la causa. Además informó que aún se aguarda la resolución del juez de Garantías, que esto no cambia el curso de la elevación a juicio porque no se resuelve en mediación de partes. Para finalizar el fiscal Tanús agregó que en caso de presentarse una nueva solicitud de prisión domiciliaria continuaría en su postura negativa.
El pasado jueves 24 de agosto unos 10 ahorristas, de un total de más de 70, habrían comenzado a percibir parte del capital adeudado. De todas formas la causa sigue su curso y concluirá en los estrados tribunalicios. La defensa de Goyarzú y Moriconi habría logrado autorización judicial para vender algunos bienes de las mujeres acusadas y depositar el producido en favor de un grupo de damnificados.
La devolución del dinero podría ser tomado por el juez de Garantías como un indicio de voluntad de reparar el perjuicio en función de una eventual reiteración del pedido de prisión domiciliaria por parte de ambas imputadas.
La primera etapa de acuerdo de pago habría comenzado a cumplirse la semana pasada. Consultado el fiscal Julio Tanús, manifestó que hasta ahora no se había agregado nada a la causa, que aún se aguarda la resolución del juez de Garantías, que esto no cambia el curso de la elevación a juicio porque no se resuelve en mediación de partes, y que en caso de presentarse una nueva solicitud de prisión domiciliaria continuaría en su postura negativa.
La estafa
El perjuicio por las maniobras ilícitas abarcaría a más de 80 ahorristas y alcanza cifras varias veces millonarias. La instrucción de la compleja causa reúne más de 68 denuncias. Los imputados están acusados de captar inversores a los que se les aseguraban que su dinero era colocado en empresas importantes con el fin de obtener alta rentabilidad. Una vez iniciada la investigación, se pudo establecer que las empresas mencionadas no tenían ningún tipo de vínculo con los acusados y en consecuencia nunca habían recibido dinero por parte de ellos. La millonaria causa por la que están imputados Mónica Goyarzú, Marcela Moriconi y Walter Landolfo comenzó a instruirse en julio de 2021. En el grueso expediente hay 68 denuncias en investigación, aunque hay más de 80 damnificados. Llevó varios meses de investigación por la magnitud de la causa y el caudal de pruebas a colectar. Todos los informes solicitados a las instituciones en las cuales los acusados decían tener colocadas las inversiones dieron como resultado que esas afirmaciones eran falsas, que no tenían relación comercial alguna con los imputados. Con la promesa de falsas inversiones las víctimas les entregaban el dinero a cambio de rentabilidades obtenidas en diferentes operaciones comerciales que eran inexistentes. Los imputados prometían el 10% mensual de ganancias en dólares por las sumas entregadas y que aducían invertir en cooperativas cerealeras que operaban en el puerto.
