La abogada Evangelina Lardone, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidió al juez federal Marcelo Bailaque que tome indagatoria a un grupo de hombres (tres militares y un civil) que considera fueron autores de la muerte del obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, el 11 de julio de 1977.
De la Redacción de EL NORTE
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La abogada Evangelina Lardone, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidió al juez federal Marcelo Bailaque que tome indagatoria a un grupo de hombres (tres militares y un civil) que considera fueron autores de la muerte del obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, ‘simulado como accidente automovilístico’ el 11 de julio de 1977.
En la causa caratulada “Saint Amant, Manuel Fernando S/Muerte por causa dudosa víctima: Ponce de León, Carlos Horacio y otros”, expediente 076000009/2011, impulsa la Secretaría de Derechos Humanos nacional a que el magistrado antes citado cite a indagatoria a Antonio Bossié, Bernardo Landa, Omar Andrada y al civil Sergio Bottini. A ellos los considera responsables de la muerte violenta de monseñor Ponce de León a quien la inteligencia militar lo seguía desde 1975, al considerarlo un “oponente” a la última dictadura militar.
Para la Secretaría de Derechos Humanos la indagatoria es por los delitos de “homicidio doblemente agravado y para ocultar otro delito o procurar la impunidad para sí o para otro”. Estos delitos se castigan con prisión de ocho a 25 años.
Inteligencia y seguimiento
En el pedido de indagatoria de la Secretaría de Derechos Humanos, que se justifica a lo largo de 50 hojas, figura que “la Jefatura del Área Militar 132 y de Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, ejercida por el entonces teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant (que a su vez dependía del primer cuerpo del Ejército, a cargo de Guillermo Suárez Mason), por intermedio de sus oficiales de inteligencia, operaciones y logística de San Nicolás en conjunto con la delegación local de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, realizó toda una tarea de inteligencia y seguimientos tanto sobre el obispo como sobre los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de la diócesis” y que fue la Jefatura del Área Militar que dispuso ‘la eliminación física del obispo Ponce de León’”.
La Secretaría de Derechos Humanos considera que los responsables de un documento confidencial dirigido al general Suárez Mason, con fecha 16 de diciembre de 1976, en el que la inteligencia del Ejército en San Nicolás justificaría el asesinato de Ponce de León, son Bossié –capitán del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás como oficial de Operaciones y de Inteligencia desde el 17 de diciembre de 1973–, Landa –en ese entonces teniente primero ejerciendo los cargos de oficial de Logística en el Batallón de Ingenieros como jefe de la Compañía de Comando y Servicios– y Andrada, que según su legajo fue designado el 1º de enero de 1976 jefe de la sección San Nicolás de Inteligencia, donde permaneció hasta el 5 de diciembre de 1977. Sobre este último figura que “fue el órgano de inteligencia a su cargo que realizó la calificación de ‘oponente’ de las víctimas de autos, operándose en consecuencia con las detenciones y posteriores interrogatorios y tormentos de las mismas”.
Los civiles implicados
Uno de los datos del expediente es que la camioneta Ford F-100 que participó en el impacto del Renault 4 –que manejaba Ponce de León– era propiedad de Agropolo S.A., con domicilio en Viamonte 1866 de la entonces llamada Capital Federal, “a muy pocos metros de la sede del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército y debe mencionarse que todos los edificios vecinos a esa unidad operativa eran por entonces propiedad del propio batallón”, sostiene la Secretaría de Derechos Humanos de Nación para añadir en el pedido de indagatoria que “el juez de aquella época le devolvió la camioneta, pero en el expediente no quedó constancia de la documentación que acredite su propiedad, como he referido, ni siquiera de la existencia real de Agropolo, ni de sus negocios, que nunca fueron objeto de constatación”.
Quienes se hicieron cargo de la camioneta esa mañana nublada del 11 de julio de 1977 fueron Luis Antonio Martínez, quien declaró ser empleado de la firma titular de la pick-up y su supuesto acompañante Sergio Carlos Bottini, director de Agropolo S.A. La indagatoria alcanza a Bottini, porque Martínez tiene pendiente un recurso contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que anuló la sentencia de 1978.
El otro civil en la causa es el acompañante del obispo en el auto, Víctor Oscar Martínez, quien declaró ante la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) haber sufrido por los militares privación ilegítima de libertad y tormentos, a raíz de que Ponce se dirigía a la Ciudad de Buenos Aires para entregar documentación a la Nunciatura Apostólica (embajada de la Santa Sede), relativa a la represión ilegal (secuestros y torturas) implementada en San Nicolás y también en Villa Constitución (provincia de Santa Fe) y que esa documentación involucraba al entonces general Suárez Mason, al coronel Camblor (jefe del regimiento de Junín) y más directamente al teniente coronel Saint Aman (jefe del regimiento en San Nicolás).
Documentación desaparecida
En la causa figura que la documentación que el obispo de San Nicolás llevaba en su poder desapareció sin ser reclamada por el canciller de la diócesis, monseñor Roberto Mancuso, a su vez capellán de la cárcel local.
Mientras que documentación desclasificada y aportada por el secretario de Culto nacional, Guillermo Olivieri, figura que un mes antes de la muerte del martirio del obispo, el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), cardenal Raúl Primatesta, recibe una solicitud de Ponce para que realice gestiones por un grupo de alumnos y exalumnos del Colegio Don Bosco de San Nicolás, quienes a la fecha de los hechos se encontraban en condición de detenidos/desaparecidos, luego de haber sido secuestrados en esta ciudad, en Morón y en Capital Federal.
La desaparición de dos portafolios que Ponce de León llevaba el día de su accidente, como asimismo de su correspondencia epistolar, archivo y anotaciones que él mismo llevaba de personas detenidas, perseguidas o desaparecidas, es otro de los datos relevantes en la causa.
