El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el jurista Alberto Binder podrán aportar sus experiencias, conocimientos y especializaciones para un mejor fallo de la Cámara de Casación.
La Cámara Federal de Casación Penal aceptó al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y al jurista Alberto Binder como “amicus curiae” en la causa en la que se investigan el supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan.
En ese expediente la Casación debe revisar el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri y de las máximas autoridades de la AFI durante su gobierno.
Los camaristas Ángela Ledesma y Mariano Borinsky admitieron en esa calidad de “amigos del tribunal” a Paula Litvachky, por sí misma y como directora ejecutiva del CELS, y a Binder, un reconocido jurista que además es presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y docente universitario e investigador.
Ambos –sostiene la resolución- “brindaron consideraciones acerca del objeto procesal de las presentes actuaciones, como también, del interés sobre la cuestión debatida, aportando argumentos jurídicos sobre el asunto que se debate”.
“Toda vez que los presentantes han aportado argumentos jurídicos acerca de la cuestión que se examina en las presentes actuaciones, expresando su competencia en la materia que es objeto del recurso de casación que viene a estudio en esta instancia, corresponde tenerlos por presentados en el carácter de amicus curiae”, coincidieron los camaristas.
El tercer integrante del tribunal, Guillermo Yacobucci, se pronunció en contra.
El ex presidente Macri había sido procesado en primera instancia por el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava por actividades de inteligencia ilegal sobre familiares de víctimas del submarino en reuniones, misas de recordación y manifestaciones en reclamo de justicia.
Pero la Cámara Federal porteña revocó esa medida y sobreseyó al ex jefe del Estado entendiendo que las actividades que se reputaban como ilegales eran, en realidad, medidas de seguridad propias de su investidura presidencial.
Las querellas apelaron ese fallo.