La firma PTP Warrant lanzó un comunicado referido al allanamiento desplegado este miércoles en sus oficinas. Denunciaron la “ilegalidad” del procedimiento y hablaron de un “show mediático” que calificaron como “espurio”.
A través de un comunicado corporativo, la firma PTP Warrant SA cuestionó en duros términos el allanamiento desarrollado este miércoles en sus oficinas de Nación 340, en pleno centro de San Nicolás. Aseguran que se trató de un “show mediático” y que el procedimiento fue “ilegal”. También adelantaron que “se iniciarán acciones judiciales por las vejaciones, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El comunicado lleva como título «Por denunciar nos persiguen”, y se inicia con un hecho que se remonta a noviembre del año pasado. “En fecha 18/11/2022 la firma PTP Warrant SA fue víctima de la sustracción de un camión cargado con urea, realizando la denuncia en ese mismo acto. Y que dio lugar a la formación del expediente FRO 39843/22 de trámite ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de San Nicolás bajo la figura de «Contrabando agravado – Art. 865 inc. a).- Código Aduanero-Contrabando Agravado – Art 865 inc. 1 Código Aduanero», constituyéndose PTP Warrant SA como parte querellante en las mencionadas actuaciones”, repasa el escrito.
Y se llega de inmediato a lo que sucedió este miércoles. “En fecha 05/07/2023 y en el marco de un negligente e ilegal accionar de la Fiscalía Federal autorizada por el Juzgado Federal, se realizó un allanamiento en las instalaciones de PTP Warrant SA que a todas luces revictimiza a quien en definitiva fuera la victima de la denuncia por robo. Con esto lo único que se pretende es amedrentar y evitar que en el futuro se denuncien nuevos hechos delictuales”, aseveró la empresa dedicada a operatoria y logística portuaria, con duros cuestionamientos contra el fiscal Matías Di Lello y el juez Carlos Villafuerte Ruzo.
“Show mediático”
El comunicado empresarial insistió con el concepto de “revictimización”. “Someter a una víctima (que también es querellante) de un delito a las vejaciones que implica un allanamiento (ilegal), significa re victimizarlo y aleccionarlo para que en el futuro no denuncie. Asimismo, toda la información objeto del allanamiento pudo haber sido solicitada a través de los canales formales (Expediente del cual forma parte)”, sugirieron desde PTP Warrant.
Y concluyeron: “Todo el show mediático del ilegal allanamiento, que en definitiva diera resultado negativo y solo pretende desviar la investigación, convirtiendo a la víctima en dos veces víctima, resulta espurio e ilegítimo. Se iniciarán acciones judiciales por las vejaciones, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
