En casi dos años de vigencia de la Ley de Cupo laboral trans, se emplearon a 600 personas en el sector público. Sin embargo, el acceso al trabajo formal para la población travesti-trans sigue resultando dificultoso.
De la Redacción de EL NORTE
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La Ley 27.636 de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero ‘Diana Sacayán – Lohana Berkins’ se aprobó en junio de 2021. Promueve la efectiva inclusión laboral de la población trans mediante acciones concretas como el cupo laboral (1% mínimo) en el sector público, los incentivos para la contratación en el sector privado y el acceso a líneas de crédito del Banco Nación con tasas preferenciales para el financiamiento de emprendimientos. Un informe de Feminacida -cuyos aspectos se exponen a continuación- da cuenta que a dos años de la sanción, se empleó a 600 personas. De todos modos, el acceso al trabajo formal para la población travesti-trans sigue resultando dificultoso.
¿En qué lugares tiene alcance la Ley 27.636? Según un relevamiento hecho por el Departamento Género y Diversidad del sindicado ATE (Trabajadores del Estado) y la Asamblea TTNB por la Salud Integral, a un año de sancionada la Ley 27.636 (julio de 2022), el 91% de las contrataciones se habían dado entre Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.
En el informe se dieron a conocer diferentes datos que no eran alentadores al momento de pensar el Cupo Laboral como política pública. Cuando la expectativa de vida de la población travesti-trans no supera los 40 años, de las 313 personas contratadas a julio de 2022, solo el 14% era mayor de 40.
Un año después, los números cambiaron, sobre todo respecto de la cantidad de personas trans incorporadas. En marzo de este año, la Unidad de Coordinación Interministerial (conformada por Ministerio de Mujeres, Ministerio de Trabajo e INADI), dio a conocer ‘el último monitoreo, que da cuenta de 709 trabajadores registrades’. Las personas trans contratadas se reparten en 60% para organismos públicos del AMBA, y 40% en el resto de las provincias.
ESCOLARIDAD Y FORMACIÓN, PENDIENTES
La Ley 27.636 establece que la terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia de les trabajadores. A la vez, el artículo 6 menciona que las autoridades comprendidas por la Ley de Educación Nacional deberán arbitrar los medios para “garantizar la formación educativa obligatoria”, cuando las personas aspirantes a los puestos laborales no hayan completado su educación, como también asegurar la capacitación “con el fin de adecuar su situación a los requisitos formales para el puesto de trabajo en cuestión”.
Sin embargo, un reciente informe publicado por la organización Fundar y encabezado por Martina Ansardi y Gio Perchivale, responsables del programa Contratá Trans, que promueve la incorporación laboral en los ámbitos público y privado, da a conocer que no hay información suficiente sobre la implementación de mecanismos que busquen garantizar el acceso a la escolaridad formal y ámbitos de formación laboral.
“Puede haber oportunidad para vincular los procesos de incorporación con programas existentes como el Plan FinEs y las becas Progresar (cuyas convocatorias priorizan a personas TTNB sin límites de edad), como también con organizaciones y cooperativas sostenidas por la comunidad”, detallan en la publicación.
SALUD, SIN GARANTÍAS
Otro de los datos relevados por el informe de ATE Género y Diversidad y la Asamblea TTNB por la Salud Integral indica que, si bien en el 96% de las personas contratadas tiene cobertura de salud, un 58% tiene dificultades para que se le garantice sus tratamientos transicionales.
La lectura que hacen desde la organización Fundar sobre esta cifra, es que en los últimos años se registró en las obras sociales y prepagas “una mayor reacción negativa hacia la incorporación de personas travestis-trans como afiliades, y ante la solicitud de tratamientos, intervenciones quirúrgicas, como así también una falta de corrección de datos en los sistemas”.
