En perfumes y maquinitas de afeitar, la diferencia de valores es clara, más fácil de identificar. Pero también se registra en indumentaria, otros productos de higiene personal, perfumería y estética, peluquería, lentes, juguetes, bicicletas, calzado, medicamentos, golosinas, entre otros. En el Senado de nuestro país hay iniciativas vinculadas que buscan evitar este sistema discriminatorio de precios por el género, aunque no avanzan.
De la Redacción de EL NORTE
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El Impuesto Rosa o Pink Tax no es en realidad un impuesto, sino un sistema de fijación de precios discriminatorio sobre productos y servicios que se basan en el género. Este concepto nació en 1992 en EEUU por la Dirección de Asuntos del Consumidor, con el propósito de crear conciencia de la diferencia injustificada que pagan las mujeres en algunos productos. Esta disparidad ronda 12%.
En perfumes y maquinitas de afeitar, la diferencia de valores es clara, más fácil de identificar. Pero también se percibe en indumentaria, otros productos de higiene personal, perfumería y estética, peluquería, lentes, juguetes, bicicletas, calzado, medicamentos, golosinas, entre otros.
La consultora Focus Market difundió su informe de “Impuesto Rosa en Argentina” 2023, donde relevó 515 puntos de venta, en base a 14 productos, 7 categorías, y donde 5 son de diferente tipología. En concreto, este año, la diferencia que pagan las mujeres con respecto a los hombres es del 12,3%, al igual que en 2022.
INICIATIVAS LEGISLATIVAS
En el Senado de nuestro país hay iniciativas vinculadas que buscan evitar este sistema discriminatorio de precios por el género. La presentación de la propuesta legislativa que promovió la legisladora Nora Giménez tiempo atrás contó con la presencia de la presidenta de la Banca de la Mujer, senadora Eugenia Catalfamo; la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, Mónica Macha; la doctora en Economía, Mercedes D’Alessandro, la representante de la Asociación Civil Ecofeminita, Candelaria Botto; la secretaria de Mujeres Género y Diversidades de Salta, Itatí Carrique.
“El mercado juega con sus propias reglas, para aprovecharlo a favor de sus propios intereses. El Estado debe garantizar la equidad de los precios de estos productos en contexto de la difícil situación inflacionaria, siendo las mujeres quienes más sufren esta situación”, indicó Giménez.
“También existen diferencias de salarios y en el aporte de la mujer que trabaja en el hogar. Este proyecto de ley busca hacer foco en una diferenciación de estos precios, que además de tener pocos ingresos, las mujeres estamos sobrerepresentadas en los grupos más pobres”, sostuvo Botto por su parte.
Por último, D’Alessandro añadió: “Nos interesa poder llegar a fin de mes y que no se monten operaciones de negocios en base a nuestras necesidades, ya que la gran masa de pobres son mujeres y están a cargo de hogares de familia”.
INCUMPLIMIENTOS
La desigualdad de género se expresa y reproduce a diario en un conjunto de prácticas, acciones y discursos y en cada uno de los ámbitos y espacios institucionales de la vida cotidiana. En este caso, un mismo producto de idéntica calidad y características, ofrecido y dirigido a personas de distinto género, es vendido en el mercado a precio diferente, generando un significativo perjuicio en general para las consumidoras mujeres.
El artículo 42 de nuestra Constitución Nacional establece que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno…”. Al mismo tiempo el artículo 8º bis de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor establece que “… los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios”.
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) define en su artículo 1º a la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad entre el hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
ARGENTINA CAE EN PARIDAD
Según un trabajo del Foro Económico Mundial, la paridad de género se estanca en el mundo y cae en la Argentina. El país cayó del puesto 33 al 36 (sobre 146 países) en un año en cuanto a paridad entre varones y mujeres. Un informe del Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que en términos generales “las mujeres siguen teniendo menor tasa de actividad, mayor desocupación, y cuando acceden al trabajo, lo hacen en empleos de menor calidad y en sectores de menor ingreso”.
Los proyectos legislativos bregan por la generación de instrumentos específicos que garanticen el monitoreo del Estado de sus acciones y políticas en la administración pública nacional, para el cumplimiento efectivo de la equidad de género y la no discriminación, persistente hoy. Son los principios que emanan de las convenciones, leyes y tratados vigentes hoy en nuestro país en materia de derechos humanos los que han guiado su espíritu y las desigualdades actualmente existentes entre los géneros las que fundamentado su necesidad. Las iniciativas tienen como finalidad establecer el principio de igualdad de género en la definición y regulación de los precios de los bienes de consumo masivo, entendiendo por igualdad de género en los precios, al hecho de que un mismo producto de idéntica calidad y características comercializado para personas de distinto género, no pueda tener un precio diferente según el género al que esté dirigido. Por el momento no hay avances en el Congreso y las góndolas y los servicios siguen marcando la falta de equidad en precios según el género.