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martes, octubre 22, 2024
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Mujeres originarias denuncian que no pueden judicializar la violencia sexual

Demandan la necesidad de perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad

El proyecto denominado “El chineo en la voz de las mujeres”, realizado entre enero y abril de 2023 en el norte de Salta, revela la reiteración de la queja de las mujeres originarias respecto del sistema judicial provincial. Puntualmente, cuestionan el trámite que se presenta desde el momento en que se quiere asentar la denuncia en las comisarías hasta el seguimiento de los casos.

De la Redacción de EL NORTE
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Organizaciones de la Sociedad Civil de la provincia de Salta que conforman “Las Macachas”, presentaron el informe “El chineo en la voz de las mujeres”, que contó con la participación de mujeres de comunidades originarias y que será elevado al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En el proyecto, realizado entre enero y abril de 2023 en el norte de Salta, se revela que mujeres indígenas sostienen que cuando pretenden denunciar violaciones sexuales a mujeres y niñeces indígenas el sistema de justicia es inaccesible para ellas por razones de discriminación y racialización hacia los pueblos originarios. “Se burlan de mi denuncia”, fue una de las frases que se recogió de la investigación llevada adelante por Iniciativa Spotligh y la Red “Las Macachas”. Puntualmente, cuestionan el trámite que se presenta desde el momento en que se quiere asentar la denuncia en las comisarías hasta el seguimiento de los casos.

La investigación se llevó adelante en la comunidad wichí Carboncito, de Embarcación; en otra comunidad de General Ballivián, y en una comunidad del Pueblo Tapiete de la ciudad de Tartagal, todas ubicadas en el departamento San Martín. La presentación de los resultados se realizó este último viernes en el Mercado Artesanal de Salta.

LA PALABRA CHINEO RESULTA ESTIGMATIZANTE

El objetivo fue explorar y visibilizar los sentidos y valoración que las mujeres indígenas atribuyen a las violaciones sexuales de mujeres  y niñeces de esa población, que también se conoce como “chineo” (en el caso de las violaciones en banda cometidas por personas no indígenas), aunque esa denominación es resistida por otras referentas indígenas, entre ellas la fallecida mujer wichí Octorina Zamora quien sostenía que el uso de esta palabra implicaba un sesgo racista. También denunciaba que hay hombres indígenas que actúan como entregadores.

Las mujeres originarias señalan la necesidad que no utilizar la palabra “chineo”, por considerarlo estigmatizante y reconocer que estas violencias son violaciones en grupo y abusos de criollos. En esa línea, las mujeres que participaron del proyecto reconocieron a estas violencias como “violación en grupo, abusos por criollos, chaqueños (por los habitantes de la región del Chaco salteño)”. Algunas de sus declaraciones fueron: “Me usaron”, “Me violaron”, “Me agarraron”.

SIN LEGISLACIÓN

Irene Cari, referente del Foro de Mujeres por la Igualdad y Oportunidad, indicó que el trabajo globalmente demandó cuatro años en las comunidades wichi de Carboncito (Embarcación) y General Ballivián, y de la comunidad Tapiete de Tartagal, todas del Departamento General San Martín.

“La violencia sexual que sufrieron no pudieron judicializarla. Ellas dejaron en claro que no es chineo, porque eso las victimiza y discrimina. Para ellas el chineo es encubrir lo que a ellos les pasa, que son las violaciones sexuales por cuestiones raciales, de odio y de género que tienen que ver con el patriarcado. El informe apunta a visibilizar otras violencias que la legislación de nuestro país no ha incorporado. En ninguna legislación hay voz de las mujeres indígenas”, sostuvo la dirigente feminista.

Ya hubo presentaciones evidenciando este mal proceder de la justicia. En junio del año pasado la extitular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, solicitó mediante una denuncia presentada ante la fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto, que se investiguen las responsabilidades sobre hechos de violencia de género, violencia psicofísica, abuso sexual y femicidio, de las que son víctimas niñas, adolescentes y mujeres de comunidades de distintos pueblos indígenas (mayoritariamente el Wichí) que habitan los departamentos San Martín y Rivadavia, en el norte de la provincia de Salta.

CONDICIONES

Del informe surge que las mujeres son discriminadas por la justicia y manifiestan que no las atienden cuando van a denunciar, no les creen, o se burlan de sus denuncias. También que no pueden acceder a la educación superior por condiciones económicas y la carencia de docentes bilingües. “Quiero seguir estudiando, pero no entiendo bien el castellano”, “No tengo plata para ir a estudiar; intenté una beca en el IPPIS y en la Universidad, pero no me la dieron”, refieren. En sintonía, se observó que existe un “escaso reconocimiento profesional de las lenguas maternas”, dado que se denunció que el sistema educativo de la provincia no reconoce la titularización de la lengua materna de las docentes indígenas.

Se observa además inaccesibilidad a la vivienda con perspectiva intercultural, al agua potable e infraestructura y la contaminación de aguas y suelos. “Los aviones nos fumigan y las acequias se contaminan. Caminamos kilómetros para llegar a una bomba de agua y sale sucia, agua con barro”, manifestaron la mujeres.

RESPONSABILIDADES DEL ESTADO

La Red Las Macachas está conformada por la Fundación GEMA, el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, la Asociación Pacha Lab, la Fundación Markani y la ONG Aynis. Desde la Red afirmaron que es “urgente y necesario que todos los actores de la sociedad y, especialmente, el Estado” asuman un compromiso real para la búsqueda de políticas públicas diseñadas desde las perspectivas de interculturalidad, de interseccionalidad y de género.

Entre las propuestas que presentaron, pidieron que las normativas vigentes tipifiquen las violaciones en banda a mujeres e infancias indígenas como “crímenes de práctica racista y colonial con la máxima pena posible y esos sean de carácter imprescriptibles”. También, apuntaron a que se promueva la modificación, incorporación o creación de una normativa con la consulta y participación activa de los pueblos originarios que contemplen la cosmovisión y cosmogonía de sus estructuras políticas y sociales que logre un verdadero acceso a la justicia.

Instaron a que se diseñen protocolos adecuados de acompañamiento para las distintas violencias y vulnerabilidades a mujeres e infancias originarias que consideren sus lenguas, prácticas ancestrales, cosmovisión, cosmogonía.

Asimismo, señalaron que se debe promover procesos formativos para mujeres y jóvenes indígenas donde “fortalezcan sus habilidades para generar sus propias investigaciones fuera de los paradigmas estereotipados academicistas, con un enfoque de derechos de mujeres e infancias indígenas”. En sintonía, también instaron a que se genere que “las mujeres y diversidades indígenas accedan a cupos de espacios de decisión en lugares de participación política”.

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