El gobierno dio a conocer la “Guía para la defensa en el litigio penal de casos de criminalización de emergencias obstétricas en la provincia de Buenos Aires”. Tiene como objetivo brindar pautas para la efectiva defensa de mujeres y personas gestantes criminalizadas en casos de eventos obstétricos y está destinada a profesionales del derecho que ejercen la defensa pública y privada.
De la Redacción de EL NORTE
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El gobierno bonaerense presentó la “Guía para la defensa en el litigio penal de casos de criminalización de emergencias obstétricas en la provincia de Buenos Aires”.
El lanzamiento de la herramienta se realizó en la Biblioteca Central de la provincia de Buenos Aires, y estuvo a cargo de la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz, junto a la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucía Portos y el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH Lisandro Pellegrini.
Este material busca promover el acceso a la justicia y contribuir a la transversalización de la perspectiva de género en las prácticas judiciales y estrategias defensivas, en el marco de procesos penales contra mujeres y personas LGTBI+ en conflicto con la ley penal. Tiene como objetivo brindar pautas para la efectiva defensa de mujeres y personas gestantes criminalizadas en casos de eventos obstétricos y está destinada a profesionales del derecho que ejercen la defensa pública y privada.
VIOLENCIA Y DERECHOS
La edición y producción fue realizada por el Equipo Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), con la dirección de Ileana Arduino y la participación de Sofía Abriata, Rosario Gauna Alsina y Denise Pepinó; bajo la coordinación de Sabrina Cartabia y con la participación de Lucía Coppa, Indiana Guereño y Luisina Carrizo, de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual .
El eje de la propuesta es poner en agenda una violencia frecuente, como es la obstétrica. En ese marco, se creó un equipo de Apoyo a las Defensas, a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, para abordar las solicitudes de intervención en esos procesos penales.
La Guía aborda de manera integral los derechos de las personas imputadas en casos de criminalización de eventos obstétricos, la perspectiva de género en el litigio, la culpabilidad y la punibilidad, la relación entre el secreto profesional y la garantía de no autoincriminación, entre otros aspectos.
ESTIGMAS Y CRIMINALIZACIÓN
“Esta Guía es una herramienta mucho más amplia que va más allá de los eventos obstétricos. También nos da pautas muy útiles para mirar cómo funciona el sistema patriarcal, los estigmas, los estereotipos y los modos de criminalización de las conductas de las mujeres. Esto es un Estado presente y hay que seguir construyendo justicia social”, destacó Estela Díaz.
Lucía Portos detalló: “Los resultados que hemos obtenido son muy buenos, en más del 65% de los casos se han revisado las penas, su condena y hasta han sido sobreseídas. La guía es una muestra de que hay que trabajar en conjunto, desde los distintos poderes del Estado para obtener condenas justas, tratamientos justos y aplicaciones del código penal”.
Lisandro Pellegrini consideró: “La guía es clarificadora, develadora y un gran instrumento para la mejor defensa técnica. Busca dar una herramienta a operadores judiciales, una herramienta dinámica y abrir un debate de los instrumentos que tenemos. Es un enorme paso en desentrañar qué está ocurriendo en eventos obstétricos y cómo estamos interpelando esos roles hoy en día”.
LEY Y PERSECUCIÓN
La sanción de la Ley 27.610 garantizó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que corona una lucha histórica del movimiento feminista por la autonomía corporal y reproductiva de las personas y el acceso a la salud sexual.
La Guía nota que del relevamiento efectuado en el marco del proyecto es posible advertir ciertas regularidades en relación con la persecución de mujeres en el marco de emergencias obstétricas. En primer lugar, la regularidad que se advierte sobre las personas perseguidas penalmente por este tipo de hechos es que: son mujeres vulneradas en sus derechos básicos, con una vinculación lábil e informal en el mercado de trabajo, que viven en condiciones de pobreza, en ocasiones atravesadas por historiales de violencia y/o victimización sexual; y, en el 100% de los casos relevados, fueron asistidas por el sistema público de salud.
ESTEREOTIPO DE ´BUENA GESTANTE´
El documento del gobierno bonaerense cita a diversos autores para esclarecer ciertas dinámicas establecidas en el marco de un sistema patriarcal que desde ya, no tiene perspectiva de género.
Rebecca Cook y Simone Cusack (2009) afirman que “los estereotipos que se derivan de la premisa de que las mujeres deben ser madres y amas de casa y, por lo tanto, estar al centro de la vida familiar y del hogar tienen una larga historia de ser usados para justificar la exclusión de las mujeres de la vida pública” y agregan que este tipo de estereotipos son especialmente lesivos “en tanto prescriben ciertos roles y comportamientos que las mujeres deben asumir, incluso cuando estas no los han escogido libremente”.
Las emergencias obstétricas, cuando son criminalizadas, reflejan que es la maternidad y el rol reproductivo en sí (Hopp, 2017) lo que sigue siendo determinante al dar por sentado que tanto ciertas conductas como formas que se asumen, son propias de la “buena madre / buena gestante” como, por ejemplo, acudir a la realización de controles médicos o la socialización de la noticia; en caso de ausencia, se colocan como corroboraciones de la determinación por cometer delitos de acción como el homicidio.
Bernarda Muñoz (2021) hace hincapié en que las posiciones de garante cuando se trata de madres y padres responden a conceptos construidos socialmente, donde habitualmente a la madre se la ubica en esta posición a partir de elementos naturalistas (biológicos o gestacionales) y en el caso del padre, desde aspectos de índole volitivos (convivencia con infantes o matrimonio con la madre). Esto mismo se ha conceptualizado como un problema de doble parámetro conforme el cual “la maternidad irradia obligaciones especiales para las mujeres después del parto, pero sobre los varones no recaen los mismos deberes”.
El estereotipo de “buena madre” y sus derivados en relación con lo que podemos llamar “la buena gestante”, se caracteriza por atribuir a la mujer la responsabilidad primaria de que nada malo ocurra. Como correlato se exige, más o menos implícitamente, abnegación y que sus necesidades personales queden subordinadas al cuidado de otras personas, incluso cuando ello implique asumir riesgos para su propia integridad física (González, 2020).
Este estereotipo tiene consecuencias en las sentencias judiciales, cuando se le atribuye a la persona gestante el rompimiento de ese deber de garantía hasta por circunstancias que exceden su capacidad de actuación.
La utilización de estereotipos de género para fundamentar una decisión en un proceso penal, construir una acusación con ciertas características o condenar en base a sesgos sexistas que refieren a expectativas de comportamiento apoyadas en prejuicios que traslucen una imposición de modos de vida, son expresiones típicas de derecho penal de autor, lo cual violenta las exigencias constitucionales en materia de legalidad (artículo 18 CN) y reserva (artículo 19 CN).
A la Guía se puede acceder en https://ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar/gestor/uploads/VIOLENCIA%20OBSTETRICA%203.5.pdf.
