“En San Nicolás no se aplica el cupo laboral trans. Entregamos un proyecto, pero fue encajonado dos años seguidos. Solo somos tres personas travestis trans trabajando, dos en el Hospital San Felipe y otra, en el Patronato de Liberados, pero estamos empleades por la Provincia. Hay muchas compañeras que la están pasando mal. No nos dan oportunidades para trabajar, somos alrededor de 60 personas en la ciudad en esta situación”, explicó a EL NORTE Yohana Montiel.
De la Redacción de EL NORTE
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Un informe del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad relevó que 574 personas travestis, transexuales y/o transgénero se incorporaron a trabajar en el Estado nacional. Con una planta de 339.949 trabajadores a octubre de 2022, deberían ser por lo menos 3399 los empleados para cumplir la ley vigente. En nuestra ciudad, la situación del colectivo LGTBIQ+ tiene numerosas asignaturas pendientes por parte del Estado.
“En San Nicolás no se aplica el cupo laboral trans. Entregamos un proyecto, pero fue encajonado dos años seguidos. Solo somos tres personas travestis trans trabajando, dos en el Hospital San Felipe y otra, en el Patronato de Liberados, pero estamos empleades por la Provincia. Hay muchas compañeras que la están pasando mal. No nos dan oportunidades para trabajar, somos alrededor de 60 personas trans, entre varones y mujeres trans, en la ciudad en esta situación”, explicó a EL NORTE Yohana Montiel.
Y agregó: “Hace cuatro años que el intendente dice que está estudiando el proyecto del cupo laboral, tampoco recibimos respuesta en el Concejo Deliberante. Siempre se nos pone piedras en el camino. Las compañeras tienen derecho a un trabajo formal, registrado, de tener un sueldo, aguinaldo, vacaciones, en el ámbito público y privado. Las chicas están cansadas de la calle, pero lamentablemente no nos dan oportunidades. Somos personas que nos sabemos desenvolver como cualquier otra. Muchas se desenvuelven haciendo comida, en servicio doméstico, al teatro. Somos un colectivo vulnerable que necesita todo tipo de apoyo para el acceso a la salud, pública, al trabajo y a la educación. También a la vivienda propia. No tenemos posibilidad de pagar en cuotas como mucha gente, acceder a créditos”.
DEUDAS EN LA IMPLEMENTACIÓN
Quinientas setenta y cuatro personas travestis, transexuales y/o transgénero se encuentran trabajando en el Poder Ejecutivo Nacional, organismos centralizados y descentralizados. La información surge del informe que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) realizó, hasta diciembre de 2022, para monitorear la implementación de la Ley 27.636 de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins” ─más conocida como “Ley de cupo laboral trans”─. Aunque la contratación señala un crecimiento sostenido, a este ritmo se necesitarían 18 años para cumplir con el cupo mínimo de 1% de los cargos y puestos del Estado nacional para la población travesti trans y no binaria.
“Más allá de celebrar la medida, lamentablemente ha habido muchos problemas en su implementación. Esta política de acción afirmativa para el colectivo se pensó para un grupo bastante definido: las mujeres trans y travestis que encontraban en el trabajo sexual su única alternativa de subsistencia. Pero en muchísimas convocatorias se introdujeron requisitos adicionales a los establecidos en la ley vinculados a, por ejemplo, tener el secundario, falta de antecedentes penales o conocimiento de recursos informáticos que se transforman en obstáculos para la población priorizada”, señala Aramis, abogada y activista trans especialista en género y política de drogas.
En la misma línea se manifiesta Marlene Wayar, referente fundamental del movimiento travesti-trans en el país: “¿Quiénes son los cuerpos y experiencias que fundamentan la ley de cupo trans? Las personas en situación de prostitución. Todas las que sufrieron el abuso policial, el maltrato, el desapego social, el abandono. Pero ¿son estas personas las que el Estado fue a buscar a las zonas de prostitución para decirles ‘a partir de tal día tenés un trabajo y vamos a articular para que estés a la altura de ese trabajo’? No. El Estado fue por aquellas que estaban en alguna organización o cursando estudios, que de alguna manera podían entrar al sistema digital porque tenían cierta alfabetización 2.0, que podían hacerse un currículum y responder preguntas, personas de una franja etaria particular. Conclusión: no son los mismos cuerpos. Hay una distancia entre las personas que fundamentan la ley y quienes terminan pudiendo hacerse de esos derechos. No está mal que eso suceda. Lo que está mal es que los cuerpos que fundamentan la ley simplemente sean olvidados e ignorados”.
Edictos derogados y ley pionera
Hasta la derogación, los edictos policiales o códigos de faltas fueron instrumentos que delegaban en la policía provincial o federal la tarea de reprimir actos no previstos por el Código Penal: ebriedad, vagancia, mendicidad, desórdenes y prostitución podían ser castigados con treinta días de arresto. El escándalo habilitaba la represión de quienes “se exhibieren en la vía pública con ropas del sexo contrario” (artículo 2° F) y “las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieren al acto carnal” (artículo 2° H).
Aprobada en el Congreso el 24 de junio de 2021 ─con 55 votos a favor en el Senado y 207 en Diputados─, la Ley 27.636 fue pionera en el mundo y significó una victoria histórica de la comunidad LGBTI+ y un avance de los derechos humanos en Argentina.
Teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre identidades y realidades, la norma contempla que la terminalidad educativa no resulte un estorbo para el ingreso y permanencia en los empleos. Así, si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no completaron su educación, podrán ingresar con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos.
La ley propone a su vez una mirada integral, federal y transversal; exige a los organismos del sector público nacional a promover acciones de sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales para contribuir a una efectiva inclusión; y ofrece en el sector privado incentivos tributarios a empleadores y líneas de crédito.
SIN RESPETO POR LA IDENTIDAD
En julio de 2022, el Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional y la Asamblea TTNB por la Salud Integral publicó los primeros resultados de un relevamiento sobre la implementación del cupo laboral trans en el sector público nacional. Entre otros números se detalla que el 86% de las/los/les encuestadas/os/es que ingresaron al Estado tienen entre 18 y 39 años. Mayores de 40 años representan el 14% de las contrataciones. En este marco, un 3% no va a contar con los aportes y años necesarios para la jubilación. El 35% de las personas travestis, trans y no binarias que participaron de la encuesta manifestaron, además, que no se respeta su identidad en el trato cotidiano con los equipos de trabajo, ni en sistemas informáticos ni en comunicaciones oficiales. Y solo el 27% tuvo acceso a información sobre derechos y estructura administrativa: licencias, alta de obra social y tarjeta de débito, tiempos y modalidad de cobro.
