Un hombre oriundo de Rosario, con tierras envueltas en una investigación por quemas, elevó una denuncia contra el Estado argentino.
Un hombre de la ciudad de Rosario, presentó una denuncia contra el Estado nacional por “omisión inconstitucional e ilícita en el ejercicio de sus funciones” respecto a las quemas en las humedales localizados en el delta del Paraná.
Este masculino que apuntó contra el Estado, se encuentra involucrado en una causa civil que busca determinar responsabilidades por los incendios en los humedales. Según determinó la fiscal provincial extrapenal María Laura Martínez, esta persona pertenece a un grupo de 19 individuos dueños de tierras donde presuntamente se provocaron incendios.
“Hay una falta de legitimación para demandar a mi cliente porque nunca se quemó ni se incendiaron sus tierras. Pero además, pide que se convoque al gobierno nacional para que cumpla leyes que ya existen hace 20 años, lo que hubiera evitado o, cuanto menos minimizado, el desastre de los incendios”, sintetizó Milva Sánchez, abogada ambientalista del rosarino.
Omisión de funciones
En la presentación pide “la incorporación del Estado en sus tres niveles como parte demandada, y del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) por “omisión inconstitucional e ilícita en el ejercicio de sus funciones”, en virtud de los daños al humedal, y en toda la población a la cual se han propagado los efectos de los incendios.
En ese sentido, solicitó a los jueces que “ordenen medidas concretas para hacer cesar la omisión estatal. Las medidas requeridas son tanto preventivas como de recomposición. “Hace un año que estamos pidiendo que el Estado adopte medidas. Mi cliente, que nunca estuvo en el mapa de fuego, se pregunta ¿qué hago si los incendios alcanzan mi propiedad? Por eso solicitamos medidas concretas”, graficó la abogada.
Martínez puntualizó que en la causa “falta el Estado Nacional. Se le pide a los jueces que le ordenen a la administración que empiece a hacer algo porque, de lo contrario, las leyes son letra muerta y no se cumplen. Los jueces tienen la obligación de intimar, y potestades para disponer medidas que crean convenientes para cuidar el medio ambiente”.
