Uno de los jueces trasladados de un tribunal a otro por decreto del ex presidente Mauricio Macri denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “por sus eficaces ataques a la garantía de la estabilidad en la magistratura”.
Mediante un extenso documento, el juez Germán Castelli, actualmente en el Tribunal Oral Federal número siete, subrayó que “aunque resulte doloroso afirmarlo como nacional de una democracia republicana, el Estado argentino entre el 30 de julio de 2020 y el 18 de octubre de 2022 llevó adelante ataques lamentablemente eficaces contra la garantía de estabilidad en la magistratura como presupuesto de la independencia”.
Castelli recordó que fue nombrado en 2011 como juez del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín y en 2018 fue trasladado con su consentimiento al Tribunal Oral Federal 7 de la Capital Federal.
El juez señaló que venía pidiendo el traslado desde 2012 y 2014, y que, finalmente, fue otorgado por el ex presidente Macri “sin que la ciudadanía objete la decisión”.
“Cuando reinaba la pandemia con sus demoledores efectos de muerte, dolor, encierro, temor y tristeza, en un antiguo pero creciente contexto de pobreza y desempleo de la población, una nueva gestión del Consejo de la Magistratura, de manera sorpresiva, prepotente e irrefrenable, inició el trámite de destitución que alcanzaba un puñado de juezas y jueces”, indicó Castelli.
Entre esos jueces aludidos por Castelli, están también los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; a todos, la Corte Suprema les indicó que el traslado por decreto había sido incorrecto, pero les permitió continuar en sus cargos hasta que fueran nombrados sus reemplazantes.
Castelli criticó “la mediocridad de la Corte argentina como desencanto institucional”, pero no obstante la respaldó con un curioso razonamiento: “es preferible una Corte Suprema mediocre conocida, que una buena por conocer”.
“Sin dudas que la mediocridad del máximo tribunal argentino es perfectible (…) pero la urgente intervención de esa Comisión y de la Corte Interamericana pueden subsanar este puntual desvarío institucional”, añadió en su denuncia ante la CIDH.
Castelli recordó que integra actualmente un tribunal que tiene por delante el juicio contra Cristina Kirchner y otros imputados en la Causa Cuadernos.
“El actual Gobierno está compuesto por una coalición, conformada, en esencia, por el presidente y la vicepresidenta, quien, de acuerdo con la Constitución Nacional, preside el Senado, donde, a su vez, el oficialismo cuenta con mayoría”, destacó el juez.
“También registran otros procesos penales distintas personas por hechos presuntamente cometidos en aquella gestión de Gobierno.
El Presidente de la Nación, a su vez, se ha pronunciado públicamente por la inocencia de su compañera de fórmula en uso de su derecho de libertad de expresión”, abundó.
La denuncia, dirigida a la secretaria ejecutiva interina de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, reclama que un tribunal internacional “declare que el Estado argentino violó los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y que “recomiende al Estado argentino se otorgue carácter definitivo al cargo del juez de Cámara ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.