Se trata de Carlos Cassalz, acusado por homicidio y amenazas agravadas. Este lunes comienza el juicio por el crimen de la joven, ocurrido en 2017.
A un día del inicio del juicio por el crimen de Araceli Fulles, la joven de 22 años que fue asesinada en 2017 y encontrada debajo de los escombros de una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez, la policía Bonaerense detuvo a uno de los sospechosos por el femicidio en un centro de votación.
El operativo estuvo a cargo de efectivos de la DDI San Martín. El hombre fue identificado en el colegio “Tierra de Crecimiento”, ubicado en la calle Lacroze 5665, en Villa Ballester, luego de ir a votar. Fuentes de la investigación dijeron que se trata de Carlos Cassalz y está acusado por “homicidio agravado por pluralidad de intervinientes y por mediar violencia de género” y por “amenazas agravadas”.
La causa está en manos del TOC N°3 de San Martín y fue el juez Pablo Mandrilli, quien pidió la detención urgente de Cassalz en virtud de que este lunes 13 de septiembre comienza el juicio oral por el femicidio de Araceli. De momento, son siete los imputados que se encuentran en libertad.
Según la agencia de noticias Télam, la familia de la Araceli Fulles solicitó que los ocho imputados “se queden de por vida en la cárcel”, al tiempo que denunció haber recibido “mensajes intimidatorios”. “Yo espero perpetua. Que se queden de por vida y se pudran dentro de la cárcel. Porque a mi hija no la voy a ver más”, dijo esta tarde a Mónica Ferreyra, madre de la víctima.
Fuentes judiciales informaron a que el juicio comenzará este lunes y el Tribunal estará integrado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martínez y Aníbal Bellagio. La fiscal de juicio será Mariana Piwarczuk, mientras que el abogado Diego Szpigiel representará a la mamá de Fulles. “Estoy bastante ansiosa porque tengo que volver a recordar todo eso que pasó hace cuatro años y cinco meses. Va a ser muy duro remover todo eso”, apuntó Ferreyra.
Los voceros precisaron que a lo largo del debate comparecerán entre 150 y 300 testigos, y se prevé que el mismo se extienda hasta el 7 de octubre. “El testimonio de los testigos será una forma de unir cabos. El problema es que digan la verdad. Nuestros testigos ya fueron intimidados previamente y tienen miedo de lo que pueden llegar a pasar”, sostuvo Mónica.
En tanto, los acusados que llegan a juicio son Hernán Rodrigo Badaracco, Carlos Cassalz, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos. Los ocho están imputados de “homicidio agravado por femicidio y por la participación de dos o más personas”, delito que prevé la pena de prisión perpetua.
De los ocho imputados, siete se encuentran actualmente en libertad debido a un fallo de la Cámara de Apelaciones de San Martín, que consideró en septiembre del 2017 que por la “ineficiencia del sistema investigativo” no pudieron obtenerse las pruebas necesarias para probar sus participaciones en el hecho. La falta de los resultados de los peritajes, la mala conservación de las muestras recolectadas en el lugar del hallazgo del cuerpo y el sembrado de “falsas pistas”, fueron los argumentos esgrimidos por Carlos Hermelo, presidente de dicha sala.
Aquella decisión fue calificada de “absurda” por el abogado Szpigiel y hasta hoy genera “impotencia” en la familia de la víctima. “¿Cuántas Aracelis pueden haber ocurrido estando ellos en las calles? Nos da mucha bronca”, se preguntó la madre de la víctima.
La mujer también denunció haber recibido un video intimidatorio hace 15 días, el cual tenía una duración de nueve segundos y mostraba al imputado Cassalz portando una ametralladora. “Me mandaron este chat a las cuatro de la mañana un video de este tipo caminando con una ametralladora. Pero no les tengo miedo. A mí ya me mataron”, indicó Mónica.
“Uno ya sabe con quién se está metiendo. Es gente acusada de tener vínculos con el narcotráfico y sabés que te van a mandar intimidaciones”, agregó. Sobre la procedencia del video, la mujer dijo: “No sé quién me lo mandó, pero tomé captura de pantalla de lo que me mandaron y lo denuncié ante la fiscal”, dijo a Télam.
Infobae
