El fallo del Juez Federal Federico Ángel Claudio Martin ha permitido al empresario Fabio Di Fonzo retirar la cosecha de maíz que tiene en una de las Islas Lechiguanas. La ONG Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA) había denunciado las actividades de la empresa El Mapuche SRL en esta zona en 2020, lo que llevó a la prohibición de acciones humanas que alteren el medio ambiente.
El fallo del Juez Federal Federico Ángel Claudio Martin ha causado gran preocupación entre los defensores del medio ambiente y los habitantes de las Islas Lechiguanas, frente a Ramallo, en Argentina. El fallo le da lugar al pedido del empresario Fabio Di Fonzo para poder retirar la cosecha de maíz que tiene en una de las Islas Lechiguanas. Esta decisión, según un comunicado emitido por UPVA, atenta contra las leyes ambientales y fomenta el accionar ilegal e irresponsable de los productores.
En 2020, la ONG Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA) denunció las actividades desarrolladas por la empresa El Mapuche SRL, propiedad de los empresarios Fabio Di Fonzo y Juan Pedro Nazar, en las Islas Lechiguanas. La empresa había cerrado un canal que servía de paso a los vecinos isleros, levantado un terraplén y sembrado, lo que generó un gran impacto ambiental en la zona.
Ante esto, UPVA presentó una medida cautelar para detener las actividades de explotación agrícola hasta tanto no se tomaran las acciones necesarias para garantizar la debida protección ambiental. En 2020, el Juzgado Federal de Paraná 2 dio lugar a esta petición y estableció algunas cuestiones favorables para la conservación del ecosistema en cuestión.
Entre las medidas establecidas por el juzgado se encontraba la prohibición de acciones humanas que alteren el medio ambiente, como quema, construcción, modificación o mantenimiento de diques y terraplenes de cualquier naturaleza. También se prohibió el uso de productos químicos y se exigió a los empresarios retirarlos del territorio junto con las maquinarias de siembra y remoción del suelo. Asimismo, se determinó que Di Fonzo y Nazar debían hacer un inventario de todas las maquinarias agrícolas presentes en las islas y se prohibió llevar nuevamente este tipo de herramientas a esta zona.
Sin embargo, en 2023, el juez dio lugar a su pedido de poder sacar el cereal sembrado y cosechado en este territorio, permitiendo además el ingreso de la maquinaria pertinente. Esta decisión ha sido considerada una afrenta al medio ambiente y un aval al accionar ilegal e irresponsable de los productores.
Además, el fallo no consideró la recomendación de la Unidad de Información Financiera (UIF) de embargar la ganancia obtenida por la comercialización de la cosecha y hacer que se deposite en una cuenta judicial. Esta decisión permite al empresario percibir ganancias de la comisión de este delito.
