La fiscalía aguarda la realización de pericias caligráficas como último paso antes de efectuar el pedido de elevación a juicio en la cuantiosa estafa en la que se investiga a Marcela Moriconi, Mónica Goyarzú y Walter Landolfo. Están acusados de engañar a más de 80 inversores por cifras varias veces millonarias.
De la redacción de EL NORTE
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La millonaria causa por la que están imputadas Mónica Goyarzú, Marcela Moriconi y Walter Landolfo data de julio de 2021. La instrucción de la compleja causa que reúne más de 68 denuncias esta transitando sus tramos finales. Conforme a lo informado a través de fuentes judiciales la fiscalía a cargo de Julio Tanús estaría a la espera de la realización de las últimas medidas de prueba. Resta que se efectúen las pericias caligráficas solicitadas para cerrar la investigación y pedir el enjuiciamiento de las tres personas acusadas de captar inversores a los que se les aseguraba que su dinero era colocados en empresas importantes con el fin de obtener alta rentabilidad. Una vez iniciada la investigación se pudo establecer que las empresas mencionadas no tenían ningún tipo de vínculo con los acusados y en consecuencia nunca habían recibido dinero por parte de ellos. Monica Goyarzú y Marcela Moriconi se encuentran alojadas en la UP3 desde agosto del año pasado luego de que se les denegaran sendos pedidos de prisión domiciliaria. Respecto de Walter Landolfo estuvo detenido por el lapso de un mes y luego fue liberado pero continúa vinculado al proceso. Las acusadas Marcela Moriconi y Mónica Goyarzú habían solicitado a través de sus abogados que se las beneficiara con una medida restrictiva de libertad morigerada por cuestiones de salud. Los fundamentos para la negativa a lo pedido eran que en la Unidad Penal Nº 3 se contaba con los elementos necesarios para tratar las patologías aducidas.
La estafa
La millonaria causa por la que están imputadas Mónica Goyarzú, Marcela Moriconi y Walter Landolfo data de julio de 2021. En el grueso expediente hay 68 denuncias en investigación aunque hay más de 80 damnificados según lo confirmado en ese momento por el Fiscal Julio Tanús a EL NORTE, quien afirmó que este trabajo les llevó varios meses de investigación por la magnitud de la causa y el caudal de pruebas a colectar. Los elementos decisivos para sostener la acusación y solicitar la prisión preventiva habrían sido las firmas de los pagarés y que todos los informes solicitados a las instituciones en las cuales las acusadas decían tener colocadas las inversiones dieron como resultado que esa afirmación era falsa, que no tenían relación comercial alguna con las imputadas. Constituyéndose este último punto en el sustento para sostener la acusación por estafas reiteradas que requiere para diferenciarse de un simple incumplimiento la utilización de un ardid para engañar, para inducir a error a las víctimas. Aduciendo falsas inversiones los damnificados les entregaban el dinero bajo la promesa de devolverlo con intereses y hacerlo trabajar en el transcurso de los meses siguientes en diferentes operaciones comerciales que más tarde quedó en evidencia, que eran inexistentes. Los imputados prometían el 10% mensual de ganancias en dólares por las sumas entregadas. Negociaban con la excusa de que hacían inversiones en cooperativas cerealeras que operaban en el puerto de las que decían formar parte y captaban a sus víctimas difundiéndolo de “boca en boca” y con la promesa de jugosas ganancias. Tras varios allanamientos, secuestros de celulares y notebooks, a la realización de pericias y a la aprehensión de Goyarzú, Moriconi y Landolfo se habría logrado dar forma a la causa y desbaratar una importante organización dedicada a las estafas en gran escala.