La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó numerosas irregularidades en el acuerdo que el Gobierno de Mauricio Macri firmó con el FMI en 2018, que terminaron afectando “la solvencia y la sostenibilidad de la deuda pública”.
Un informe de la Comisión de Supervisión de Deuda Pública de la AGN realizó un análisis de ese acuerdo, a través del cual la Argentina logró un crédito stand by por más de US$40.000 millones y concluyó que la administración anterior incurrió en un “incumplimiento de los procedimientos normados”, ya que no contó con análisis de riesgos y solvencia ni con la opinión del Banco Central, como se establece por ley.
“La firma del acuerdo fue en 2018 y sus consecuencias sobre el endeudamiento público generaron un alto impacto sobre el perfil de vencimientos de ejercicios futuros, afectando la solvencia y la sostenibilidad de la deuda pública”, alertó el trabajo.
Entre otras, las irregularidades detectadas fueron:
-La documentación de respaldo y los expedientes fueron generados en el sistema GDE luego de la firma del acuerdo y resultaron incompletos y desordenados. Se sumó la falta de la firma digital que valida los actos administrativos en algunos de los documentos que lo requerían.
-La formalización del endeudamiento no fue realizada por Ley de Presupuesto ni por Ley específica, tampoco por un Decreto presidencial. El acuerdo fue firmado por el Ministro de Hacienda que no contaba entre sus funciones la gestión del Crédito Público.
-No se cumplió con el artículo 61 de la Ley 24.156, que establece que en los casos en que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa debe emitir opinión el Banco Central sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos.
Para la AGN, “no es de extrañar la carencia de análisis de riesgos, solvencia y sostenibilidad anteriores a la firma del acuerdo. Al ser un préstamo multilateral, se lo registró y expuso como tal, pero no se cumplió con los requisitos”.
Por otra parte, el organismo hizo referencia a la forma en que la gestión de Macri manejó el mercado de cambios y su impacto en el nivel de deuda.
“Las novedosas medidas implementadas en materia cambiaria implicaban un riesgo de dolarización de carteras de corto y mediano plazo. En este marco en el período 2016-2018 la Administración Central incrementó su deuda total. Al observar su composición se advierte que se incrementó tanto su deuda externa como su deuda en moneda extranjera”, subrayó.
La deuda externa representaba el 17,7% del PBI en 2016 y en apenas dos años (en 2018) ese porcentaje trepó al 41,8%; por su parte, la deuda bruta en moneda extranjera -que en 2016 era del 36,3% del PBI- en 2018 alcanzó el 65,8%.
“La deuda no resultaba sostenible. En otros términos: las correcciones que se requerían tanto en la balanza de pagos, (incluyendo la balanza comercial) así como en el resultado fiscal primario futuro a los efectos de que la deuda pública resultase sostenible en el contexto expuesto eran muy poco probables de concretar atento al déficit histórico verificado en dichas cuentas y considerando la normativa vigente en materia cambiaria así como el volumen emitido en concepto de Letras en el trienio considerado”, alertó la AGN.
Además, sobre los vencimientos de la deuda en moneda extranjera, el organismo detalló que durante 2019, 2020 y 2021 un 60% o más de las reservas internacionales debía destinarse al pago de vencimientos de capital e intereses, con su consiguiente impacto en las reservas y el mercado de cambios.
“El stock de reservas internacionales al 31 de diciembre de 2018 equivalentes a US$ 65.806 millones, representaba el 99,7% de los vencimientos de deuda de la administración central en moneda extranjera de 2019 y 2020 (los vencimientos de ambos años alcanzan los US$ 65.621 millones)”, afirmó el organismo.
El informe fue presentado por la mayoría oficialista de la AGN, sin el apoyo de Juntos por el Cambio.