A través de Cancillería, el Poder Ejecutivo rechazó un decreto del presidente Sebastián Piñera que fijó los límites de áreas marinas que se superponen con las argentinas.
Mediante un comunicado de Cancillería, el Gobierno acusó a Chile de “pretender apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos”, tras un decreto del presidente Sebastián Piñera de esta semana que fijó los límites de su territorio soberano en la zona del Cabo de Hornos, en el extremo más austral del continente americano.
La medida publicada el viernes en el Diario Oficial -el Boletín Oficial chileno- y fechada el pasado 23 de agosto, expone una superposición en la delimitación territorial de soberanía de ambos países, lo que oficializa un nuevo diferendo territorial con la nación trasandina.
“La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, se señala en el escrito.
“Consecuentemente, la citada pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”, indica la nota difundida ayer.
Desde 2020, el gobierno de Sebastián Piñera venía cuestionando las pretensiones soberanas de Argentina con su plataforma continental extendida y sancionada ley por Argentina. A partir de la nueva medida oficial, el decreto estableció la plataforma chilena a partir de las 200 millas náuticas desde las islas Diego Ramírez, al sur del Cabo de Hornos.
Sin embargo, esta delimitación incluye áreas marítimas que ya habían sido oficializadas como propias por parte de Argentina ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 2009.
“Esta medida pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984”, expuso el comunicado de Cancillería, a cargo de Felipe Solá.
De acuerdo a los términos del Estado argentino, el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557, sancionada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad.
“Dicha ley no hace sino recoger en una norma interna la presentación oportunamente efectuada por el Gobierno argentino sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC). Esa presentación se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad y fue aprobada sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile”, señala el texto del ministerio de Relaciones Exteriores.
La Comisión de Límites de Plataforma Continental es un órgano creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (CNUDM), y está integrado por 21 miembros elegidos sobre la base de una representación geográfica equitativa. Se encarga de revisar los datos presentados por los estados sobre la determinación de los límites exteriores de la plataforma limítrofe.
La plataforma continental es la prolongación natural de un territorio nacional que incluye el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial. Hasta las 200 millas de la plataforma abarca lo que se considera como “Zona Económica Exclusiva”, es decir, el área marina que detenta un país en su derecho a explotar para su provecho los recursos naturales vivos o minerales, como la pesca, petróleo u otros.
No es el primer conflicto de esta índole entre las gestiones de Alberto Fernández y Sebastián Piñera. A comienzos de agosto, un error en un decreto de Fernández con directivas militares provocó un fuerte reclamo de Chile, donde se fijaba la llamada “Directiva de Política de Defensa Nacional”.
En concreto, en dicha normativa se indicaba que el Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces se consideraba como “espacios compartidos en los que resulta fundamental continuar fortaleciendo el estudio, la exploración y control conjunto”. Esto obligó al gobierno chileno a enviar una comunicación formal recordando que “el Estrecho de Magallanes, incluidas sus dos riberas, es territorio soberano chileno”. En ese diferendo, el gobierno argentino reconoció que se trató de un yerro propio y que sería enmendado.
En el caso de la disputa por los límites de la plataforma continental, el conflicto ahora oficializado era previsible. Sebastián Piñera ya había anticipado que presentaría el reclamo ante la ONU para incorporar millas de soberanía sobre la plataforma marítima del Mar Austral, para refutar el planteo que hizo el gobierno argentino hizo en 2009.
El 23 de 2020, Chile envió una nota diplomática hacia el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde explicitó que el país “no reconoce el deslinde del trazado en la zona del Mar Austral debido a que se trata de una declaración unilateral (no oponible) por parte de Argentina, por lo que Chile se reserva el derecho para determinar su posición en ese sector”. En ese marco, el gobierno chileno reconoció no haber emprendido la tarea de delimitación correspondiente que sí formalizó Argentina.
