La Justicia Federal de Victoria los consideró penalmente responsables de incendio doloso con peligro común indeterminado. Entre los imputados están los tres apicultores que incendiaron pastizales frente a Villa Constitución. Las penas establecen de 3 a 10 años.
La Justicia Federal con asiento en Victoria (Entre Ríos) procesó a seis apicultores y a un puestero bajo el delito de incendio doloso. Se les impuso la prohibición total para ingresar a la zona del Delta del Paraná durante los próximos 90 días y se les trabó embargo de sus bienes. Las penas establecen de 3 a 10 años.
Se trata de un primer paso de detenciones que se realizaron “in fraganti”, mientras se aguardan resultados de datos catastrales y otras pericias para determinar responsabilidades en las quemas.
En tres procedimientos diferentes en agosto pasado se detuvo a todos ellos en diversas zonas de islas entre San Pedro y el área frente a Rosario.
El 14 de agosto pasado, en la zona del arroyo El Tigre, justo frente a San Pedro y en jurisdicción de Gualeguay habían sido detenidos los primeros tres apicultores que producían una quema. Los tres detenidos fueron un hombre de 54 años, y sus dos hijos de 22 y 18 años. Todos ellos habían manifestado ser apicultores que estaban en el lugar realizando un contrafuego para impedir el avance de las llamas que ellos no habían provocado. Se había argumentado que se hizo para proteger los panales que explotaban en el lugar. La dimensión del fuego se determinó en un radio de un kilómetro y medio con lenguas de 40 metros de alto.
Al otro día, cerca de Victoria, el grupo de elite Albatros de Prefectura Naval detuvo a un baqueano prendiendo fuego. El puestero de a caballo fue interceptado tras haberse constatado que efectuó tres inicios de focos en un radio muy pequeño de unos 15 metros cuadrados.
Luego, el 23 de agosto, al costado del arroyo Los Laureles (isla El Holandés, departamento Victoria) y en línea recta con Villa Constitución fueron detenidos otros tres apicultores, todos ellos radicados en San Pedro. Fueron acusados de haber iniciado el fuego en el arroyo El Tigre y, al ser apresados por efectivos de Prefectura Naval, adujeron que debieron efectuar un contrafuego para protegerse ellos y sus producciones, pero que luego pudieron sofocar.
Bajo la imputación de haber puesto en peligro bienes en común, se estableció que la zona afectada era de unas 3 mil hectáreas.
Ahora, el juez federal con asiento en Victoria, Federico Martín, procesó a los siete con penas establecidas entre los 3 y 10 años de prisión; se les embargaron bienes y se les prohibió ingresar al sector afectado al menos por 90 días. Se los procesó bajo la imputación de incendio doloso y como generadores de un peligro común para los bienes y personas en forma indeterminada.
