Los mandatarios de 14 provincias participaron de forma virtual y presencial del encuentro que en el que pidieron no acatar el fallo de la Corte. El Presidente dijo que la decisión judicial es incumplible.

El presidente Alberto Fernández evalúa no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó devolverle a la Ciudad de Buenos Aires los recursos coparticipables que habían sido recortados en 2020. Según dijo a los mandatarios provinciales, la orden “es incumplible”.
Los gobernadores peronistas le habían llevado ese pedido al Presidente. Alberto Fernández los citó horas después de que se conociera la decisión del máximo Tribunal y en medio de un creciente enojo de los mandatarios provinciales, que entendieron que el fallo afecta el federalismo.
El argumento jurídico que utilizan en Balcarce 50 se basa en la ley de cautelares. Específicamente en el artículo 9, donde se indica que “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma, perturbe los bienes o recursos propios del Estado”.
En la Corte Suprema explican por qué el fallo es aplicable y no tiene sustento el argumento del Gobierno. Sostienen que la tomada no es una medida cautelar que afecte o obstaculice los bienes del estado, sino que el máximo tribunal lo que hizo fue asignar a quienes corresponde esos bienes y recursos del Estado.
En la Casa Rosada aseguran que el Presidente ya tomó una decisión: no va tomar deuda, no va emitir y no va a reasignar partidas presupuestarias para poder compensar el porcentaje de dinero que la Corte le devolvió a la ciudad que gobierna Horacio Rodríguez Larreta.
Fernández no tomará deuda ni emitirá más pesos porque eso generaría un incumplimiento en el acuerdo que el Gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y no reasignará partidas porque el Presupuesto 2023 ya fue armado y aprobado en el Congreso de la Nación.
En Balcarce 50 advierten que, si la Ciudad quiere que el dinero salga del Presupuesto, entonces se debería realizar y aprobar una reforma del proyecto. En caso contrario, la discusión seguirá empantanada. La discusión política quebró la relación entre los gobernadores y Rodríguez Larreta, y llevó un nuevo pico de máxima tensión el vínculo entre el gobierno porteño y el nacional.

