Desde la gobernación de la Ciudad Autónoma los acusan de autorizar la usurpación de un edificio público.
El gobierno porteño ya realizó 25 denuncias penales a 366 padres que autorizaron tomas de colegios que llevaron adelante sus hijos. Asimismo, se efectuaron 21 denuncias por daños y perjuicios, con una demanda civil que asciende a los $50.538.442,85.
Dichas denunciadas fueron llevadas a cabo por La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, señalando a los tutores de los alumnos como quienes autorizaron la usurpación de un edificio público.
Durante los últimos días de septiembre y los primeros de octubre, una veintena de colegios porteños fueron tomados por sus estudiantes. El Mariano Acosta comenzó la ola de tomas que luego continuó el Lengüitas y a la que se sumaron, entre otros, el Mariano Moreno, el Esnaola, la Osvaldo Pugliese, la Agustín Tosco, la Claudia Falcone, la García Lorca, la Escuela de Cerámica N° 1, la Rodolfo Walsh, la Julio Argentino Roca, el Nicolás Avellaneda, el Danzas N° 1, la de Teatro, el Yrurtia y el Liceo 5.
Los reclamos que más se reiteraron en los colegios giraron en torno a cambios en las viandas escolares, mejoras edilicias, rechazo a las prácticas laborales obligatorias en empresas y a la “persecución política” a los centros de estudiantes. Todas las medidas de fuerza se levantaron más allá de que los reclamos persisten.
Cuando se hicieron las primeras denuncias a los padres del Mariano Acosta, la duda que surgió es si corresponde transferir la responsabilidad penal a los adultos. Aunque para muchos no tiene sustento legal, en la cartera educativa se basan en el artículo 58 del Código Contravencional de la Ciudad, que habla de “ingresar o permanecer en un lugar público o privado contra la voluntad del titular del derecho de admisión”.
