Esta semana, más precisamente el jueves desde el mediodía, se espera que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 se expida con el veredicto y la condena hacia el exagente policial Pablo Moresco, por las muertes de Ulises Rial y Ezequiel Corbalán. El siniestro que terminó con sus vidas ocurrió en junio del 2020, en pleno aislamiento por la pandemia. En dicho período se recrudeció el accionar ilegal de las fuerzas de seguridad, por lo que la Comisión Provincial por la Memoria resaltó “el uso letal de los patrulleros“.
Carolina Mitriani
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“No se dio al azar, es una práctica sistematizada”, expresaron en sus alegatos de cierre los abogados de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), constituidos como particular damnificado en la causa por las muertes de Ulises Rial y Ezequiel Corbalán. Los jóvenes circulaban en motocicleta la madrugada del 1° de junio de 2020 cuando terminan impactando contra el patrullero que conducía el entonces agente de la policía local –dependiente de la Bonaerense– Pablo Nicolás Moresco.
El juicio que se le sigue tendrá resolución respecto a su libertad o no el próximo jueves desde las 12 del mediodía, cuando el tribunal compuesto por las juezas Laura Fernández y María Elena Baquedano, junto al juez Alejandro López, expida el veredicto del caso, además de la sentencia. Las solicitudes de la acusación van desde los 12 hasta los 25 años de prisión, siendo una solicitud la reclusión inmediata en caso de que se lo encontrara culpable, dado que consideran factible el riesgo de fuga; por la defensa, el Dr. Corbaliza solicitó al TOC 2 que no hicieran lugar a dicho pedido, planteando que Moresco siempre se mantuvo a derecho durante el proceso.
Muertes azules
La organización que acompaña a las familias en la causa, la CPM, monitorea y resguarda la democracia en casos de violencia institucional como mecanismo local de prevención de la tortura. En su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, los representantes hicieron hincapié en el “uso letal de los patrulleros”, comparándolos con el uso ilegal de las armas de fuego en casos de gatillo fácil, mayormente orientados contra jóvenes de barrios vulnerables. Valoraron que hubo “actuación desproporcional” ante la suposición de la comisión de un delito y las acciones que ejecutaron los oficiales: “No sabían por qué los perseguían. Menos el señor Moresco, que escuchó por handy ‘cortame la moto’”.
“Los casos de gatillo fácil, que terminaron en la muerte de Lucas Verón, Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, son una muestra de prácticas estructurales que se reiteran”.
CPM
Basados en su registro, los bregadores de Memoria, Verdad y Justicia destacaron que “los patrulleros embisten en todos los casos a motos con jóvenes”. Por lo tanto, en línea con la comisión de delitos cometidos por integrantes de las fuerzas, insistieron en que “no es un caso esporádico, no es un hecho aislado”, sino que Ulises y Ezequiel forman parte de los 33 fallecidos en la provincia de Buenos Aires durante el año 2020 a causa de violencia institucional.
Nombres del horror
El registro que lleva adelante la Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) le pone identidad a las víctimas de la violencia institucional, señalando que los crímenes cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad revisten un significante mayor, en el que se sobrealimenta la violencia por parte de quienes deberían pujar para que ésta se minimice. Desde la vigencia del DNU 297/2020 (que daba el 20 de marzo la apertura al aislamiento social, preventivo y obligatorio) hasta tan solo el 6 de agosto, la institución registró 92 muertes de personas a manos de integrantes de las fuerzas estatales.
Una quincena antes del siniestro que terminó con las vidas de Ulises y Ezequiel –en el marco de la emergencia por el COVID-19–, la policía tucumana reprimió a un grupo de personas que participaban de una cuadrera. Luis Espinoza y su hermano pasaban por el lugar, hacia la casa de su madre. Fueron interceptados, golpeados, y el hermano alcanzó a ver que le dispararon a Luis y lo cargaron en una camioneta, en la que luego se hallaron restos de sangre. Luis estuvo desaparecido una semana, hasta que dos de los policías detenidos confesaron y se encontró su cuerpo en un barranco, en la provincia de Catamarca.
Anteriormente, el 9 de mayo de 2020, César Obes falleció a causa de los múltiples disparos del policía Matías Ibarra en Gregorio de Laferrere. El policía sostiene que el chico le quiso robar. Sin embargo, los testigos del barrio afirman que le disparó tres veces, el último ya en el piso. Cuando un vecino quiso acercarse a asistirlo, el policía le gritó “Dejalo que se muera como una rata”.
El jujeño Ariel Valerian era mecánico y debía entregar a un cliente un vehículo que había reparado. Durante la cuarentena, lo paró un retén policial en la colectora de la Ruta 66 y fue apaleado. Después de un mes en terapia intensiva, murió por los golpes recibidos el 7 de julio de 2020.
La imputación contra los policías bonaerenses Jéssica Gómez, Diana Suárez, Claudia Vizcarra, Cristian Fernando Gómez, Josué Molina y Melanie Mariel Caliva recae por la muerte de Walter Ceferino Nadal. El 24 de junio un hombre gritó en la calle que le habían robado y señaló a Nadal como el autor. Los efectivos lo redujeron y tiraron al piso. Mientras algunos lo sostenían, los demás lo patearon y golpearon. Un transeúnte filmó la escena, en la que se escucha a la víctima gritando que no podía respirar, hasta que colapsó. La versión de la policía –sostenida por el ministro de Seguridad provincial– fue que tuvo un infarto, pero la autopsia probó que murió por asfixia.
Seis días después del impacto de Moresco contra los nicoleños Rial y Corbalán, Lucas Verón fue asesinado en similares circunstancias, en González Catán. Fue con otro amigo en moto a un maxikiosco a comprar bebidas, dado que era su cumpleaños. Un patrullero los empezó a seguir y los dos oficiales dispararon. Después de matar a Lucas y herir al otro chico, los efectivos huyeron del lugar.
Uno de los casos más ilustrativos de la violencia policial en cuarentena es el de Facundo Astudillo Castro. El joven que fue visto por última vez el 30 de abril cuando viajaba entre las localidades bonaerenses de Pedro Luro y Bahía Blanca. Su cadáver fue hallado el 15 de agosto en la localidad de Villarino. Fue detenido en dos ocasiones durante su viaje: la primera, a la altura de la localidad de Mayor Buratovich, donde se le labró un acta por la presunta violación del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). La segunda detención ocurrió en la localidad de Teniente Origone. Desde ese momento, no se supo nada más sobre él.
En San Luis, Magalí Morales fue detenida el 5 de abril de 2020 en Santa Rosa de Conlara, señalada por violar la cuarentena. 48 horas después apareció ahorcada en la celda de la comisaría donde había sido alojada. El Tribunal de Impugnaciones hizo lugar al recurso de apelación presentado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y ordenó ampliar las indagatorias de los cuatro policías procesados por considerarlos coautores del delito de torturas seguidas de muerte.
Franco Maranguello también fue apresado por circular en período de aislamiento. El 24 de abril, el joven de 16 años fue hallado sin vida en la Comisaría de Atención de la Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes (San Luis). Estaba ahorcado con su remera. La familia reclamó “ausencia de cumplimiento de protocolos y recaudos legales” en la realización de las pericias sobre el cuerpo del menor, según un hábeas corpus presentado por su abogado, Gustavo Otegui. “Nadie se suicida en una comisaría. El Estado es responsable”, señalaron desde la Correpi. “Además de las lesiones en el cuello, tenía moretones en los brazos y unas lesiones superficiales en las rodillas”, declaró el abogado de la familia a Cosecha Roja, marcando las sospechas sobre los efectivos.
