La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio.

La vicepresidenta fue aceptada este martes como querellante en la causa en la que se investiga las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio Revolución Federal.

La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación.

El abogado José Manuel Ubeira, que representa a Cristina Kirchner, pidió este martes que se investigue el financiamiento de Revolución Federal y consideró que los aportes a esa entidad realizados por la familia del exministro de Finanzas del Gobierno de Cambiemos Luis Caputo “no son una casualidad”.

“Habría que tener algún grado de romanticismo para creer que la presencia de la familia Caputo es casualidad en los aportes que reciben estas personas. Habían arrancado con una transferencia de un millón setecientos mil pesos, y después hay otra de siete millones de pesos. Si hay alguna explicación, que la den”, dijo Ubeira en una entrevista radial.

Los abogados quieren tomar contacto con el expediente para poder conocer las pruebas, toda vez que no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado fallido, radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.

En su momento, el juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti pero la jueza lo rechazó porque consideraba que, de momento, no habían elementos concretos que permitieran establecer una conexidad entre los dos expedientes.

En la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información que en su momento aportó la AFI a la Justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título “¿Hay que pudrirla?”.

La conversación aportada al expediente cuenta con dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel (23 años) y Franco Ezequiel Castelli (26 años)

En uno de los audios desgrabados que forman parte de aquella presentación se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la vicepresidenta para hacerla “pasar a la historia”, en referencia a la intención de cometer un magnicidio, algo que efectivamente se intentaría menos de una semana más tarde.

Los pagos de la firma que estaría vinculada a familiares del exministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio, Luis Caputo, alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su carpintería, detallaron las fuentes.

Ubeira señaló que el “objetivo es ir hacia donde las pruebas nos lleven y encontramos que hay nueve millones de pesos para esa organización que están dando vuelta y no tienen relación con nada”.

“Más allá de los ‘loquitos sueltos’ a los que alude (Mauricio) Macri hay una organización que puede tener puntos de contacto con la causa en la cual la jueza Capuchetti investiga el atentado. Creemos que esa carpintería, cuyos integrantes aprendieron a trabajar la madera por YouTube, es novedosa”, apuntó.

Además, consignó que “antes de funcionar esta carpintería en la localidad de Boulogne era un centro de jubilados al que asistía Macri”, por lo que adelantó que pedirá informes sobre ese “inmueble”.