Diego Luciani consideró el ex presidente Néstor Kirchner y la actual vicepresidenta “establecieron un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz”.
El fiscal Federal Diego Luciani inicio este lunes su alegato en la causa Obra Pública y denunció la existencia de una asociación ilícita institucional encabezada por la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Luciani, además, fustigo a la UIF por haber desistido de la acusación y no haber explicado en su alegato por qué no tomo en cuenta la “profusa prueba” producida durante el debate.
“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, disparó de movida el representante del Ministerio Público Fiscal.
El fiscal invocó incluso declaraciones del actual presidente, Alberto Fernández, cuando explicó su salida de la Jefatura de Gabinete durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En ese sentido, recordó que una de las razones de Alberto Fernández fue “por lo que está pasando en la obra pública”.
Luciani señaló al ex matrimonio presidencial y a su “amigo Lázaro Báez” como cabezas de la estructura de ese mecanismo de corrupción.
El magistrado dijo que “las 51 licitaciones analizadas buscaron eliminar la competencia para que Báez fuera beneficiado ilícitamente con contratos millonarios” y calificó como “una ficción” la supuesta competencia que tenían las empresas de Báez: “Fue una maniobra burda para montar un escenario de libre competencia”.
El fiscal también advirtió sobre la “ausencia absoluta de control por parte de los funcionarios y organismos encargados de prevenir y denunciar la comisión de este delito”.
“Vamos a probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos. Por eso hemos solicitado 9 jornadas: queremos explicar, mostrar la verdad, y quizás necesitemos más audiencias”, anticipó.
Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 son juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
Los alegatos comenzaron el 11 de julio con la UIF, que pidió la absolución de Cristina Kirchner y de los principales acusados.
“Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, sostuvo el abogado Leandro Ventura.
La UIF solo pidió penas menores para los funcionarios de vialidad de Santa Cruz por considerar que incumplieron sus funciones porque informaron que las obras en la provincia estaban terminadas cuando en rigor no fue así.
